Quien ayer fuese sorprendido por la citación a declarar como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique qué sabe de los negocios de su mujer habita entre babia y la inopia. No sospechar a estas alturas del caso Begoña Gómez, máxime después de que la investigada por corrupción y tráfico de influencias se acogiese a su derecho de no declarar, que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado seguiría sus derroteros por Moncloa es pecar de incauto o candidez cuando menos. Lo raro es que no haya hecho coincidir la declaración con el aniversario de las elecciones del 23-J que se cumple hoy. El controvertido desempeño del magistrado merece tal calificativo, pero poco más. Cualquier ataque a su independencia no puede esconder que en este caso haya demasiados hechos que deben ser aclarados porque se salen claramente de lo que sería el comportamiento normal de la esposa de un presidente del Gobierno.
Si Sánchez, su mujer o sus adláteres entienden de verdad que el juez se está extralimitando en sus funciones, o que está prevaricando como se insinuó ayer, lo que tienen que hacer es denunciarlo y que instancias judiciales superiores decidan. Pero no pueden seguir alegando que es un atropello y un exceso de un juez sin más argumentos. Muy distinto es discrepar de una actuación judicial porque sea más o menos controvertida a cargarse con declaraciones extemporáneas la división de poderes. "Es todo menos normal", cacarean desde hace días portavoces socialistas varios y el gabinete de ministros al completo, incluido el titular de Justicia. Lo que no es normal es que la mujer del presidente del Gobierno se reúna en Moncloa con empresarios, rectores, o quien sea, para su provecho privado. Ni normal, ni estético, ni ético. Como tampoco lo es que Sánchez siga sin dar explicaciones en ámbito parlamentario, ni ante los medios de comunicación.
Por respeto a sus instituciones y los valores democráticos, una sociedad madura como la española merece un presidente que dé la cara y un Gobierno que se centre en gobernar, no uno que ataque constantemente a uno de los poderes básicos del Estado de derecho. Todas aclaraciones son pocas, cuando además, al tiempo que se cuestiona al juez y la magnitud penal de los indicios que han trascendido, se suceden las noticias sobre supuestas anomalías o irregularidades en la trayectoria profesional de Gómez desde que reside en la Moncloa. Se equivocaría gravemente Sánchez, si como hizo su mujer, se escuda en su derecho a no declarar. Si su respuesta vuelve a ser el silencio, la victimización y la huida hacia delante sería la demostración final de desprecio al listón de ejemplaridad pública y regeneración democrática que puso en 2018 cuando desalojó a Mariano Rajoy del poder con una moción de censura.