La movilidad es un concepto que hoy en día utilizan muchos políticos, pero pocos entienden. Básicamente se refieren al conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en la ciudad de forma peatonal, en bicicleta o patinete y en todo tipo de vehículos a motor, tanto privados como de transporte público. Y, como todo el mundo puede comprender, su gestión no es precisamente fácil y está condicionada por múltiples factores de sostenibilidad, centrándose en la protección del medio ambiente y la calidad de vida. Hasta aquí seguramente que todos podamos estar de acuerdo e incluso se puede alcanzar un consenso sobre la idea de que los planes de movilidad deben buscar o fomentar un transporte más sostenible, seguro, competitivo y universal.
Las desavenencias suelen llegar al afrontar los principales retos, que son la contaminación medioambiental y la optimización del tiempo que la ciudadanía destina a diario en sus desplazamientos. Las soluciones no son únicas, son complejas y en muchas ocasiones deben ser incluso controvertidas o impopulares. Algunas de las medidas frecuentes para mejorar la movilidad urbana son la desincentivación del transporte privado, la potenciación del transporte público, la gestión eficaz del tráfico y el fomento de modos alternativos. Otras medidas pueden centrarse en el ahorro energético promoviendo, por ejemplo, mejoras en los vehículos de transporte colectivo y privado o la conducción eficiente. La administración debe acometer lo que considere mejor para sus propios vecinos y para el futuro de la ciudad.
Les cuento todo esto porque el pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado esta semana la nueva ordenanza, que permite al nuevo equipo de gobierno acometer las reformas ya anunciadas en carriles bici y bus-taxi. Esta fue la medida estrella del Partido Popular desde la campaña electoral y, aunque ha costado más de lo que preveían, en un mes comenzarán a verse los primeros cambios con la supresión de la exclusividad de los autobuses y los taxis en varios tramos de la denominada VA-10 la reversión del carril bici exento de la Avenida de Gijón. Este primer envite del equipo PP-Vox culminará con la ampliación del puente de Poniente y la ampliación de carriles en Isabel la Católica, una vez que se concluya el nuevo carril bici por el interior de Las Moreras (principios de 2025), con lo que se habrá desecho parte de las actuaciones acometidas en el mandato anterior.
Indudablemente, ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes y cada uno se inclinará hacia uno u otro según le convenga. Por ello, es evidente que no podemos cambiar cada cuatro años el plan de movilidad, ni los objetivos últimos ni los medios para llegar a ellos. En breve, habrá que acometer la definición y aprobación de la zona de bajas emisiones y volveremos a escuchar una agria polémica entre los grupos políticos. Más allá de la búsqueda de votos y de promesas electorales, la movilidad es una cuestión importante que puede marcar el futuro de la capital vallisoletana. Ya hay modelos en Europa a los que se podría seguir y donde tomar ejemplo. En todo caso, haría falta mucho trabajo técnico para llegar a un diagnóstico claro de la situación actual, un establecimiento de los objetivos, el diseño de medidas y la habilitación de unos indicadores para su seguimiento. De todo esto falta mucho por hacer, creo que los cambios iniciados no han tenido en cuenta nada de este trabajo previo y de una necesaria hoja de ruta.
Trabajo técnico, diálogo, negociación y consenso entre los grupos municipales, expertos, colectivos sociales y otros movimientos ciudadanos serían necesarios para poner en marcha un modelo acordado que avance de forma sólida durante las próximas décadas y no vayamos dando tumbos de un extremo al otro cada cuatro años.