La Feria de Valladolid acogerá a partir del próximo 17 de octubre el macrojuicio contra 63 acusados de integrar una trama dedicada a la obtención de créditos bancarios para supuestas compras de coches de segunda mano que posteriormente no devolvían.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Valladolid, cuatro de estos acusados (A. I. B., J. M. P., M. Y. L. y B. M. M.), trazaron un plan en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para lucrarse mediante la obtención «en distintas entidades bancarias, a través de terceras personas, justificando la solvencia con documentación que no reflejaba su verdadera situación económica, de préstamos cuyo objeto, con carácter general, era la compraventa de vehículos de segunda mano, de cuyo importe, como pago por su intervención, recibían una parte los prestatarios».

Unos colaboradores que, según la Fiscalía, conocían perfectamente la finalidad de la trama, puesto que en la documentación que les preparaban para pedir el crédito se mostraban datos falsos sin que ellos se opusiesen a la operación.  Entre los documentos falsificados figuraban vidas laborales, nóminas, declaraciones de la renta y contratos de compraventa de los coches. Al parecer, los controles internos de las entidades y las financieras no detectaron nada raro, muchas veces guiados por la confianza que tenían a las personas que se presentaban como asesores de los solicitantes de crédito (ya que, en algunos casos, eran trabajadores del sector), aunque realmente eran cabecillas de la trama.

Los créditos se pidieron en distintas oficinas de la capital de las entidades CaixaBank, Caja Laboral, Bankia, ING, Banco Santander, Caja Rural de Zamora, Banco Popular, Bankinter, Abanca, Carrefour Servicios Financieros, Banca Cetelem y Unoe Bank (filial de BBVA). También se pidieron créditos a financieras que trabajaban con Leroy Merlin e Ikea por compras en estos establecimientos.

La Fiscalía asegura que «la suma total aproximada que fue obtenida y distribuida entre los integrantes de la organización, haciendo que desapareciera del circuito legal de dinero, supone -sin perjuicio de lo que pueda acreditarse en un momento procesal posterior- 699.777,90 euros». Los impagos del crédito se producían desde el primer recibo.

El Ministerio Público acusa a estas 63 personas de cuatro delitos: estafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Para ello, los divide en siete grupos. Al primero, formado por los siete cabecillas, los considera responsables de los tres primeros delitos, con la consideración de ser «dirigentes, organizadores y coordinadores» de la organización. Para cada uno de ellos pide 18 años y más de 1,5 millones de multa.

Para otros 23 procesados reclama doce años de cárcel y 700.000 euros de multa; para otro grupo de 26, cinco años y otros 700.000 euros; para otros de tres acusados,  dos años de cárcel y 3.600 euros de multa; y para otros dos, un año de cárcel y 3.600 euros de multa. A los dos acusados restantes les solicita un año y cinco meses de cárcel en un caso y dos años en otro, aparte de sendas multas de 40.000 y 3.600 euros. En total, 543 años y cinco meses de cárcel y casi 45 millones de multa.
Además, la Fiscalía reclama indemnizaciones para las entidades afectadas que superan los 780.000 euros.

El Pasaje Gutiérrez como centro de operaciones

El 15 de junio de 2016 fue una fecha clave en la investigación. Ese día se realizaron varios registros en domicilios y locales de los acusados donde la Policía se incautó de documentación y ordenadores. Uno de ellos se realizó en una vivienda de la calle Naval, en Zaratán, en presencia de dos de los investigados. Los agentes se llevaron cuatro ordenadores, papeles manuscritos con nombres, indicaciones numéricas y bancarias, así como un disco duro externo. La Policía, además, encontró nueve billetes de 500 euros y un paquete con otros 420 euros. También aparecieron dos tarjetas con coordenadas de la entidad ING y documentos relacionados con otros acusados. Ese mismo día, a las 12.05 horas, se registró el domicilio de otra investigada donde se encontraron documentos similares y nóminas de algunas empresas, dos de ellas duplicadas. Lo mismo sucedió en una oficina de Claudio Moyano poco después de las 15.00 horas de ese día, ante la presencia de dos acusados, de donde se llevaron otros dos ordenadores, más documentación bancaria y un informe de vida laboral. El cuarto registro se realizó en una oficina del Pasaje Gutiérrez que habían alquilado tres de los acusados para, presuntamente, operar desde allí. La Policía halló un ordenador, varios DNI, certificados de retención del IRPF, nóminas y extractos bancarios de terceras personas y un papel manuscrito en el que aparecen unos nombres que coinciden con una serie de nóminas manipuladas.