Alfonso Centeno, el que fuera alcalde de Olmedo hasta hace tres semanas, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por la sentencia de la Audiencia de Valladolid que le inhabilitó para el empleo de cargo público durante nueve años y un día por un delito continuado de prevaricación administrativa en el caso Meseta Ski. Un fallo que precipitó su dimisión como regidor de Olmedo, aunque en un primer momento aseguró que no daría ese paso hasta que la sentencia que le condenó fuera firme. No obstante, el hecho de que se haya apartado de la esfera política no significa que haya puesto fin a la batalla judicial.

El abogado de Centeno presentó dicho recurso la pasada semana. Lo hizo fuera de los diez días de plazo que dio el juez para hacerlo tras emitir el fallo. Una demora que tiene que ver con un error de forma que cometió el propio magistrado al dictar la sentencia, ya que en ella hizo alusión a la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Supremo, pese a que las competencias para tal apelación corresponden al TSJ. La defensa de Centeno presentó un escrito para aclarar este malentendido y, después de la rectificación del magistrado, procedió a la presentación del recurso.

Los hechos

El caso por el que fue condenado Centeno tiene que ver con la tramitación y construcción de una pista de esquí seco en el municipio de Villavieja del Cerro cuando él era presidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva), impulsora de la misma. El juez consideró probado que Centeno modificó el proyecto inicial de forma arbitraria, ampliándolo y disparando su coste, que era de poco más de cuatro millones. Una decisión que benefició a la adjudicataria, Corsan Corviam, sin que se sacase de nuevo a licitación pública un proyecto que había experimentado cambios sustanciales respecto al que se aprobó inicialmente (se triplicó la superficie y se mejoraron las materiales).

El juez consideró probado que Centeno fue el responsable de ordenar que se ejecutara este proyecto complementario, que hizo que el coste se elevase por encima de los nueve millones. «Alfonso adoptó una serie de decisiones sobre las  obras a realizar de forma arbitraria, y posteriormente, ocultando este  hecho, aprobó como presidente  del Consejo de Administración (de Sodeva) la realización de esas obras», explica el fallo.