"Siento vergüenza pero fue por mi ludopatía, no era consciente de que me estaba llevando dinero porque creía que iba a poder devolverlo todo jugando a la lotería", ha alegado este viernes Esther M.R, la que fuera empleada de Villavieja del Cerro y Villamarciel, entidades dependientes del Ayuntamiento de Tordesillas, con motivo del juicio con jurado iniciado hoy contra ella por la malversación de 160.000 euros de fondos públicos y de la recaudación por distinta tasas entre los ciudadanos.

La primera jornada del juicio, iniciada en la Audiencia de Valladolid, se ha limitado a la constitución del jurado, a la exposición de los alegatos iniciales de la fiscal, la acusación particular--en representación del Ayuntamiento de Tordesillas--y de la defensa, así como al interrogatorio de la propia encausada, quien ha reconocido su total culpa aunque ha alegado no recordar el año concreto en el que comenzó con su actividad delictiva a partir de que desde 2011 fuera contratada por las referidas entidades locales menores en calidad de administrativa.

Desde dicho puesto, Esther M.R. comenzó primero a hacerse con las cantidades en metálico que los vecinos de ambas entidades le entregaban por las tasas de agua, alcantarillado y basuras, para lo que firmaba una carta de pago o recibí, y más adelante, a través de otra fórmula, efectuó trasferencias de las cuentas públicas simulando pagos a proveedores, fundalmentalmente a Iberdrola, que en realidad se embolsaba en sendas cuentas bancarias de la que era titular.

Al respecto, la acusada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha mostrado su arrepentimiento, sin que fuera capaz incluso de leer las informaciones en prensa sobre su caso por la "vergüenza" que asegura sentir, pero en su descargo mantiene que en aquella época la ludopatía que sufría le impedía ser consciente de lo que estaba haciendo.

"No pensaba que me llevaba el dinero porque la idea fue siempre devolverlo todo jugando a la lotería. Jugaba mucho, aunque nunca me ha tocado nada, a lo sumo cien euros. Me sentía muy frustrada y esa era mi válvula de escape", ha lamentado Esther, quien ha reconocido que parte del dinero también lo desvió para realizar compras de bolsos, ropa y cremas, entre otros efectos, en El Corte Inglés.

La mujer incluso ha relatado haber sufrido un accidente de tráfico en el que resultó con lesiones y que el mismo no fue, según ella, fortuito sino un intento de suicidio con motivo del estado de enajenación en el que se encontraba.

Una vez sentado que la acusada ha reconocido los hechos, el presente juicio con jurado se centra en determinar el grado de imputabilidad de la autora, algo que tanto la fiscal del caso como el Ayuntamiento de Tordesillas consideran pleno y por ello solicitan, con carácter provisional, penas de cinco y ocho años de cárcel y quince y veinte años de inhabilitación, respectivamente.

Mientras, la defensa pide la absolución--considera de aplicación la eximente completa de ludopatía grave--y alternativamente dos años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena siempre que su patrocinada siga tratamiento.

De hecho, en su alegato inicial el defensor ha recabado del jurado toda su atención para que sea capaz de discernir el motivo que llevó a su clienta a actuar como lo hizo. En tal sentido, ha apuntado que Esther se vio impelida a quedarse con el dinero "porque no podía hacer otra cosa" ya que padecía una grave ludopatía, sin olvidar su compleja situación personal debido a que estaba al cargo de su madre impedida y de una hermana con parálisis cerebral.

"Estaba convencida de verdad de que sería capaz de devolver todo el dinero con la lotería y que el día de mañana resolvería sus problemas y los de las personas que la rodeaban. Estamos ante una persona con una grave patología. Esther solo es un riesgo para ella misma, aunque si todos hubieran hecho su trabajo ese riesgo habría quedado mucho más reducido", ha denunciado públicamente.

Y es que el defensor sostiene la idea de que su clienta no debería ser la única acusada sino que "tenía que haber más personas en el banquillo", aquellas que durante dos años no impidieron que Esther realizara cientos y cientos de transferencias de dinero público por 160.000 euros a sus propias cuentas, en alusión directa al interventor.

"Aquí nadie controló nada. Se dice que el caso se descubrió a raíz de un estudio del interventor, ¿pero qué demonios de estudio si al final se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dos años después, porque no había fondos para pagar un miserable recibo. Dónde estaba la administración?", ha criticado el letrado de la acusada.

En el lado opuesto, las acusaciones coinciden en que la encausada se puso en contacto con la asociación Ajupareva para buscar tratamiento una vez que los hechos fueron descubiertos, con el único objetivo ya de preparar su defensa.