Los extrabajadores de Valladolid con graves patologías relacionadas con el amianto siguen aflorando; y con ellos, los procesos administrativos y judiciales para reclamar el reconocimiento de la enfermedad profesional, recargos en la pensión por incapacidad e indemnizaciones, aunque son minoría en proporción con la cantidad de afectados que puede haber (no hay registros oficiales precisos). No en vano, a este mineral tóxico, causante de diversos tipos de cáncer (de pulmón, de laringe o sobre todo mesoteliomas) y enfermedades respiratorias como la asbestosis, se le atribuyen cerca de 90.000 muertes al año en Europa, según el Comité Económico y Social Europeo; y casi 80.000 en total en España, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que aún prevé unas 50.000 a nivel nacional de aquí a 2050, ya que las patologías asociadas pueden tardar entre 20 y más de 50 años en manifestarse, y hasta 2002 no se prohibió en España el uso industrial del amianto, muy presente en la construcción y en muchos otros sectores como el automovilístico o el ferroviario.

La antigua fábrica de Uralita, cuyo origen se remonta a 1966 y se dedicó más de 30 años a la producción de fibrocemento en sus ya desaparecidas instalaciones de la carretera de Madrid, concentra una treintena del medio centenar de sentencias que ya se han registrado en Valladolid desde 2009, la mayoría favorables a los reclamantes; pero ahora están siendo mayoría los procesos emprendidos por exempleados de los talleres de Renfe.

Carmen Riesgo es la abogada de referencia para la Asociación de Víctimas del Amianto de Valladolid (Avida), constituida hace 15 años precisamente por extrabajadores de Uralita, y según destaca a El Día, en apenas año y medio le han entrado seis casos relacionados con la compañía ferroviaria. En ellos trabaja actualmente, y todos están motivados por exempleados a los que se les ha diagnosticado mesotelioma.

Arrecian los casos de empleados de Renfe afectados por amianto

En pocas semanas se celebrará uno de los juicios, y el año pasado por estas fechas tuvo otro del que ya salió sentencia favorable para el demandante, a expensas de que se resuelvan sendos recursos. Ella recurrió para alegar que los casi 100.000 euros de indemnización que fijó el juez se quedaron cortos (las ha habido tres y cuatro veces más altas), y ADIF por no considerarse responsable; pero Renfe renunció a seguir litigando, así que el proceso lo puede dar por ganado a la espera de conocer la cantidad que se determina. 

Aparte tiene un tercer caso relacionado con Renfe cuya fecha de juicio ya está señalada para el verano de 2025, y otros tres en fases más iniciales: uno en trámites de obtener un recargo del 40% sobre la pensión para un vallisoletano que trabajó para Renfe, pero a través de una subcontrata; uno para el reconocimiento de enfermedad profesional; y otro por un cliente que justo esta semana pasaba por consulta médica para valoración, dando así pasos en un proceso siempre lento, largo y tortuoso desde que se manifiestan síntomas, se reconoce la enfermedad, luego el recargo en la pensión, la posibilidad de continuar después o no por la vía judicial para reclamar indemnización... Coincide además que, según la asociación de afectados de Valladolid, los equipos de valoración médica de la Seguridad Social ?«están tardando más de un año» en llamar al afectado para el reconocimiento de la incapacidad tras el diagnóstico, «cuando antes de la pandemia lo hacían en unos meses».

Por Uralita tiene Riesgo otro juicio fijado para 2025, aunque «probablemente» no llegue a celebrarse porque los afectados de esta fábrica, desde que los jueces empezaron a fallar a favor de los demandantes gracias a una sentencia precedente del Supremo hace ya trece años, suelen llegar a acuerdos previos con la empresa que sucedió a Uralita y asume la responsabilidad subsidiaria. 

Arrecian los casos de empleados de Renfe afectados por amianto

Si no le falla el recuento, para Riesgo será el caso número 30 que lleve de Uralita, de los cuales ganó 23 y perdió tres, mientras los tres restantes se quedaron a medias por desistimiento de las familias; una circunstancia que, cuando se da, suele ser por fallecimiento del afectado. En total suma 41 casos, incluyendo juicios ganados a otras empresas como Iveco, la antigua azucarera de Peñafiel (Ebro) o la sucesora de Protisa, firma ya desaparecida que realizaba trabajos de desamiantado; y teniendo en cuenta que Riesgo ha llevado «alrededor del 80%» de las causas de amianto que han llegado a judicializarse enValladolid, en total irían medio centenar de sentencias.«Una minoría» en proporción con la cantidad de afectados. 

Los perceptores de indemnizaciones, una minoría de afectados

Sólo de la fábrica vallisoletana de Uralita ya se calcula que fallecieron por cáncer «unos 150» de los 800 empleados que trabajaron allí, y «el 95%» de los 650 restantes ha desarrollado asbestosis u otras patologías respiratorias. «Muchos murieron antes de que se ganaran juicios, y el problema está sobre todo en empresas que ya no existen y no se ve cómo reclamar, o por dificultades para demostrar la relación causa-efecto en albañiles u otros trabajadores de empresas muertos por amianto sin que se reconociera, porque esto ha estado tapado toda la vida», lamenta desde la asociación Fidel de la Calle. Él estuvo 33 años en Uralita, le diagnosticaron asbestosis tras prejubilarse y obtuvo un 40% de recargo en la pensión, además de una indemnización de casi 60.000 euros en los juzgados. El presidente de Avida, EstebanDoncel, en cambio, también trabajó el mismo tiempo en Uralita, le diagnosticaron la misma enfermedad casi a la vez y obtuvo el recargo, pero no indemnización por problemas de prescripción de plazos. 

Por esos y otros motivos empezaron a organizarse en España los afectados hace más de 15 años, para lograr que el Gobierno creara un fondo de compensación que evitara calvarios judiciales con desenlaces inciertos. Lo creó por fin en octubre de 2022, pero todavía no ha aprobado el reglamento para activarlo, pese a que entonces se comprometió a hacerlo en tres meses. El 24 de septiembre volvió el asunto al Congreso por una proposición no de ley del PNV aprobada por unanimidad pero, sin descartarse que esté en 2025, aún hoy no hay plazos claros, mientras los casos siguen aflorando.

Un material que sigue en todas partes y una «nebulosa» de datos sobre su impacto

El amianto sigue en casi todas partes. Su uso industrial masivo en la segunda mitad del siglo XX por su valoración como «fibra milagrosa» con múltiples propiedades, alta eficiencia y bajo coste, terminó revelándose como una «epidemia» o «pandemia silenciosa» que se ganó tal calificativo mucho antes de que el coronavirus hiciera pequeñas las cifras de mortalidad de cualquier tragedia sanitaria del último siglo.

Permanece en la uralita de tejados, canalizaciones de edificios, salas de calderas, tuberías de abastecimiento y saneamiento... pero también puede estar en una vieja tostadora o un secador de pelo fabricado antes de 2003, pasando por coches, trenes o mangueras. Su toxicidad se debe a la inhalación de fibras de este mineral que flotan en el aire cuando se manipula, o cerca de los focos emisores del interior de viviendas y locales construidos o revestidos con materiales que lo contengan, en caso de encontrarse en mal estado. 

Cuando está en deterioro, en descomposición, es cuando libera esas fibras suficientemente pequeñas para inhalarlas, pero demasiado grandes para exhalarlas. Se acumulan en los pulmones por una sobreexposición prolongada cuyas consecuencias se manifiestan entre 20 y 40 años después: un tipo concreto de cáncer llamado mesotelioma, cáncer de pulmón, asbestosis…

«Lo lamentable de todo esto es que nos encontramos en una nebulosa de datos oficiales», lamenta la secretaria de Salud Laboral de UGTCastilla y León, María Fe Muñiz. «El largo periodo de latencia de estas enfermedades hace todo más difícil. Las profesionales se enmascaran por muchas causas, se complica probar la causalidad, y si eso ocurre con trabajadores, aún más cuando cuando los afectados pueden ser de carácter doméstico o incluso ambiental», lamenta.

«Otra dificultad es la inexistencia de un mapeo completo de construcciones con amianto, y luego está el desgaste y revictimización de los afectados que están teniendo que reclamar otra vez el fondo de compensación cuando el tiempo corre en su contra, con muchos ya fallecidos cuyos casos quedan pendientes para sus herederos», concluye.