Trece meses después de que empezaran a dictarse sentencias sobre las reclamaciones contra el conocido como cártel de coches (el grupo de principales fabricantes sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por pactar precios de 2006 a 2013), los juzgados de lo Mercantil de Valladolid alcanzan la treintena; y más del 85% son favorables a los afectados, aunque la mayoría con estimaciones parciales de la indemnización solicitada. Un porcentaje que supera claramente el que está resultando de la disparidad de criterios de otros juzgados del país, con más de 200 resoluciones y menos de un 65% de estimatorias; o incluso por debajo del 25% en provincias como Murcia.

Coincide además que ya se dan casos de denunciantes de otras provincias, propietarios de coches Renault, que presentan su demanda en Valladolid por ser domicilio de la firma del rombo, en medio de un goteo creciente de sentencias que no son más que la punta del iceberg. Sobre todo a la espera de que se desarrolle más doctrina y arrecien las demandas colectivas, con miles de compradores integrados en las que ya han presentado o ultiman organizaciones como la de Consumidores y Usuarios (OCU), que registrará una contra Renault directamente en Valladolid, además de otras seis en Madrid y Barcelona contra el resto de marcas del cártel; o la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC). Sin olvidar tampoco la actividad de despachos como Litia Legal en Valladolid, por ejemplo, que representa a más de un millar. No en vano, la propia OCU estima que hay unos cuatro millones de demandantes potenciales, y más de 50.000 sólo en esta provincia, según la AACC.

Con la indemnización por daños y perjuicios se cuantifica el sobreprecio que habría sufrido el comprador por las «posibles prácticas abusivas» bajo las que se realizara la operación, de acuerdo con la resolución de la CNMC, y la más alta del país que ha trascendido hasta la fecha corresponde a una sentencia emitida en primera instancia por un juzgado vallisoletano, Mercantil 2, que estimó una demanda en su integridad al cifrar en 5.412,13 euros más intereses lo que debía recuperar el propietario de un BMW, según resolución de noviembre de 2022. Claro que ese vehículo fue adquirido por 108.247,77 euros y la citada indemnización 'sólo' equivale a un 5% (intereses aparte), mientras que en sentencias posteriores sobre otros casos enjuiciados en distintas provincias se ha elevado tal porcentaje hasta incluso el 10%. Pero también las hay del 3% o incluso del 1,33% y del 1%, además de las que se deniegan, en la mayoría de los casos, por presentar la demanda sin un informe pericial que la avale, o sin que éste se considere suficientemente fiable.

La empresa Consultores Técnicos, especialista en cuantificación de daños derivados del derecho a la competencia, está realizando informes periciales para despachos de abogados de Valladolid y del resto de España, al tiempo que también recaba sentencias de juzgados de todo el país. Hasta la fecha ha hecho públicas 236, «más del 80% de las que hay», calcula su director general, Frank Rodríguez, y 150 (el 63,56%) fueron estimatorias, frente a 83 (36,44%) con denegaciones por distintas circunstancias. 

Sin embargo, de 27 contabilizadas en juzgados vallisoletanos, sólo cuatro rechazaron la indemnización: tres por carecer de informe pericial y otra «por falta de legitimación pasiva», ya que se reclamaba por un Dacia, que no es una de las marcas señaladas por la CNMC pese a su vínculo con Renault. Es decir, que igual que tales cifras revelan más de un 85% de demandas aceptadas de forma íntegra o parcial por la Justicia de Valladolid, bien se puede resaltar que en esta provincia se han resuelto a favor del comprador el 100% de las reclamaciones que se han presentado con informe pericial, además de ajustarse a las marcas afectadas y los periodos en que se considera que funcionó el cártel; con indemnizaciones del 5% más intereses en dos casos resueltos en 2022, y del 7% en los 21 restantes.

Disparidad de criterio judicial

«En las mismas circunstancias y con los mismos informes, unos jueces estiman las demandas y otros las rechazan, así que la incertidumbre es enorme», lamenta el director general de Consultores Técnicos, quien describe estas primeras más de 200 demandas como «globos sonda para ver cuáles son los criterios». ¿Y qué recomendaría entonces al consumidor? «Pues aunque suene ilógico o absurdo, lo que tiene que ver es cuál está siendo la tendencia en su provincia», responde, contando con que Valladolid «puede considerarse una plaza amigable para el demandante por el hecho de que allí se esté interpretando que hay que indemnizar con el 7%, y además con sentencias que salen rápido, mientras en Madrid hay un juzgado que se está quedando en el 1%».

La OCU, que representa a más de 100.000 afectados, anunciaba precisamente el 19 de octubre la presentación de tres de las siete demandas colectivas que prepara. Argumenta que el funcionamiento del cártel supuso un incremento medio del coste para los clientes del 10,61%, y aspira a conseguir indemnizaciones que, incluyendo intereses, representen entre el 14% y el 17,5% del valor del vehículo.

La AACC, por su parte, representa de momento a más de 50.000 afectados, de los cuales más de 500 son de Valladolid, y apunta a seguir una estrategia parecida a la de la OCU, con el objetivo de solicitar indemnizaciones «por encima del 10% del precio de adquisición del vehículo».

A otra escala trabaja el despacho vallisoletano Litia, que opta por organizar a sus clientes («más de un millar») en grupos pequeños, al considerar que trámites y cobros pueden resolverse así con más agilidad; y prevé acelerar ahora la presentación de demandas hasta rondar un ritmo de un centenar por mes. 

Cada organización o despacho ha fijado comisiones que oscilan mayoritariamente entre el 17 y el 36% de la cantidad que recuperen, diferencias que bien pueden condicionar la estrategia de cada afectado, aunque preocupe más la disparidad que han revelado las primeras sentencias, a la espera de que madure la doctrina legal.

EN BREVE

El cártel de coches
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) multó a 21 fabricantes de automóviles, 172 concesionarios y dos consultoras en 2015 y 2016 por prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el intercambio de información confidencial y sensible para la adopción de acuerdos de fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales en el mercado de distribución minorista de turismos. Unos acuerdos constitutivos de cártel que tuvieron como efecto una restricción de la competencia en la fijación de los precios de venta de automóviles, «en exclusivo beneficio de las empresas fabricantes declaradas responsables y con los consiguientes efectos perjudiciales para los consumidores», reseñan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Compras entre febrero de 2006 y agosto de 2013

Pueden reclamar los consumidores que compraron un vehículo (nuevo o kilómetro cero, siempre que fuera directamente al concesionario) durante el periodo afectado por el cártel, que va de febrero de 2006 a agosto de 2013, si bien cada marca tiene acreditadas unas fechas concretas dentro de dicho intervalo. Está legitimado para demandar la persona que adquirió el vehículo (aunque ya no sea el actual propietario) durante el periodo cartelizado, que es el perjudicado por el acuerdo de precios que hicieron los concesionarios y que evitó que se pudiera beneficiar de determinados descuentos.

30 marcas afectadas

Las marcas sancionadas por la CNMC, por acuerdos contrarios a la competencia, son las principales del mercado: Citroën, Mitsubishi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Dodge, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volskwagen, Audi, Alfa Romeo, Land Rover, Lancia, Lexus, Opel y Volvo. En total, 30 marcas.

Más de 50.000 afectados en Valladolid

Es una estimación de la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches, que representa a más de 500 vallisoletanos. A nivel nacional, según la OCU, son unos cuatro millones de usuarios los que habrían adquirido coches «a un precio más caro del que lo podrían haber hecho».

14%-17% del precio de compra

Es el porcentaje de dinero que afirma la OCU que pueden llegar a recuperar para los afectados de lo que pagasen en su día, ya que cifra en un 10,61% el porcentaje inicial pero habría que sumar los intereses.