El fraude por el supuesto cobro ilícito de subvenciones de la PAC de la Unión Europea, vinculadas a la sanidad y al bienestar animal, tiene en Castilla y León a 29 de los 30 investigados, con personas tanto físicas como jurídicas con residencia en la Comunidad. De estas 29 personas, físicas y jurídicas, diez se ubican en la provincia de Valladolid. 

Así lo ha señalado a los medios de información la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que ha indicado que las investigaciones comenzaron hace alrededor de un año y medio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención de las ayudas, presuntamente en asociación con diverso personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Trece de los investigados son personas físicas, y dieciséis personas jurídicas. En el desglose por provincias: en Valladolid se investiga a ocho personas físicas y dos jurídicas; en Palencia, a ocho personas jurídicas; en Ávila se investiga a tres personas físicas y dos jurídicas; en Segovia, a tres personas jurídicas; en Salamanca, a una persona física y otra jurídica y, finalmente, en Zamora, a una persona física.

A todos ellos se les investiga por la comisión de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa, con un beneficio económico estimado que ronda el millón de euros.

La Junta apela a la presunción de inocencia

Preguntados por esta cuestión en dos ruedas de prensa, tanto el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, como el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, han expresado la voluntad de colaboración de la administración y han apelado a la presunción de inocencia de los investigados.

No obstante, cuestionado por si este tipo de sucesos servirán para endurecer o tener un mayor control de los mecanismos por los que se otorgan las subvenciones de la PAC, el portavoz de la Junta ha guardado silencio preguntado hasta en dos ocasiones.

Por su parte, el consejero de Agricultura ha asegurado que hasta que no se levante el secreto de sumario no se va a tomar ninguna medida contra nadie.

"Sigue el secreto de sumario y, por tanto, siguen las pesquisas y lo que aparece es una información todavía parcial. Nosotros nos hemos personado desde el primer momento como acusación particular, con lo cual iremos hasta las últimas consecuencias como una entidad afectada", ha subrayado ante los periodistas.

El consejero ha precisado que desde el primer han facilitado a la Fiscalía toda la información demandada y hasta que el sumario no se levante, "no aportarán más datos" sobre el proceso.

Según Dueñas, esta práctica constitutiva de delito no es la primera de España con denuncias y, a su juicio, "es una práctica que ha venido siendo relativamente frecuente" en muchas zonas. "Y no creo que solamente de España sino que es un caso que también ha pasado en otros países de la Unión Europea", ha apostillado Dueñas.