En el año 2015, una reforma del Código Penal sirvió para que los profesionales sanitarios pasasen a ser considerados autoridad pública. Un cambio que buscaba, entre otras cosas, endurecer las sanciones a los agresores y disuadirles de estos comportamientos. Ha pasado una década desde entonces y no parece que esta medida, ni las regulares campañas de concienciación, hayan tenido el efecto deseado. La violencia contra los profesionales sanitarios sigue siendo una de las principales protestas de este colectivo. Una violencia que se ha llegado a normalizar, en el caso de las agresiones verbales, como parte inherente al trabajo.

Las cifras demuestran que estos incidentes han ido en aumento en Valladolid desde la pandemia, con un pequeña bajada en 2023 respecto a 2022, últimos datos oficiales del Observatorio de Agresiones. De los 124 incidentes de 2018 se pasó a 175 un lustro después, con un pico de más de 200 en 2022. Y lo mismo sucede con los trabajadores agredidos: de 144 a 195, con un repunte de 239 en el citado año.

Seis de cada diez incidentes de este tipo se registran en los hospitales y los otros cuatro, en atención primaria. Y en este último grupo hay algunos centros de salud que destacan por su especial conflictividad. Sanidad elabora cada dos años un Mapa de Riesgos en el que aparecen los centros de salud en los que se haya registrado alguna agresión física, dos o más incidentes en un año o tres o más incidentes entre los dos años analizados. El último es de 2024, donde se repasa lo sucedido en 2023 y 2022. Ahí figuran 18 de los 41 centros de salud que hay en Valladolid, entre capital y provincia. Una cifra que en Castilla y León solo supera Burgos, con 20. La tendencia en la Comunidad es contundente: de los 46 centros de 2008 se ha pasado a 97 el año pasado. Más del doble.

Además, el documento recoge cuántas veces ha aparecido cada centro de salud en el Mapa de Riesgos. Y el de Barrio España se lleva la palma en Valladolid, con ocho. Solo el centro de salud Alamedilla, de Salamanca, supera esa cifra en la Comunidad, con nueve. Uno de los últimos incidentes que se hicieron públicos en Barrio España tuvo lugar en 2022, cuando un paciente agredió verbalmente e intentó hacerlo físicamente a la enfermera que habitualmente le atendía cuando acudía a realizarse curas. Los otros centros de salud que también destacan en el Mapa de Riesgos, con siete apariciones, son los de Íscar, Pilarica, Tórtola, Laguna de Duero y Arturo Eyries.

Los sanitarios de Íscar se movilizaron en 2023 para pedir más seguridad después de que un paciente fuera detenido tras arrojar objetos al personal sanitario e intentar agredir al médico de guardia y a una enfermera. Mucho más reciente fue el incidente registrado en el centro de especialidades de Pilarica, donde dos jóvenes acudieron el mes pasado acuchillados tras pelearse, exigiendo atención inmediata e insultando y amenazando a todo el que se cruzaba con ellos. Otro ejemplo de incidentes en los centros de salud de esa lista es el hombre que el pasado mes de enero rompió de una patada la mampara del centro de salud de Arturo Eyries. Y hace un año, también allí, otro sanitario tuvo un encontronazo con otro paciente y al salir se encontró con las ruedas pinchadas de su coche, lo que hizo que parte de la plantilla pidiera la instalación de una barrera y cámaras de seguridad. En el caso de Laguna de Duero, una paciente agredió a una médica recién estrenado este año al negarse la facultativa a hacer una receta para un champú, lo que ha provocado protestas regulares de los sanitarios para pedir más seguridad.

Los datos de 2024

Aunque la Consejería de Sanidad todavía no ha hecho públicos los datos de agresiones del año pasado, lo que ha provocado el malestar de los sindicatos, algunos colectivos sí que lo han hecho por su cuenta. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Valladolid cifra en seis agresiones «graves» las sufridas por este colectivo en 2024, el doble que dos años antes. Aunque eso es la punta del iceberg, porque el asesor jurídico de los médicos solo registra los casos graves. «Hay muchos insultos, vejaciones y amenazas que no quedan registradas», dicen fuentes del Colegio. Este colectivo batió el año pasado el récord de agresiones en España, con 847, cincuenta de ellas en Castilla y León.

También ha ofrecido datos recientes el sindicato CSIF, que cifra en 28 las agresiones sufridas en el último mes en Valladolid, sobre todo verbales. Las víctimas: cinco médicos, doce enfermeras, cinco auxiliares, cinco celadores y un auxiliar administrativo. La presidenta provincial del sindicato, María José San Román, denuncia «falta de compromiso» de la Gerencia Regional de Salud con este tema y lamenta la impunidad que tienen los agresores. «Las agresiones verbales casi no se denuncian», señala. CSIF reclama más vigilantes de seguridad en los centros de salud, entre otras medidas, como «simplificar la burocracia para tramitar las denuncias, aumento de plantillas, sanciones más duras para los agresores, garantizar el apoyo psicológico a los profesionales agredidos y revisión del plan contra la violencia».

Por su parte, el responsable de Salud Laboral de CCOO en la Federación de Sanidad, David San Frutos, se queja del caso omiso que se hace a las propuestas de mejora en el Observatorio de Agresiones. Además, reclama que se renueve el Plan contra las Agresiones que data de 2008 y «está obsoleto». «Nos dijeron que se iba a empezar a negociar en 2024, pero no hemos tenido comunicación», reconoce. San Frutos también apuesta por las denuncias in situ y critica que en la construcción de nuevos centros de salud se siguen proyectando estancias que son «ratoneras» que hacen que los sanitarios no puedan escapar de los agresores.

Pocas denuncias

La secretaria provincial de Sanidad de UGT, María Hernández, también apuesta por renovar el plan al que hace referencia San Frutos, porque «hasta ahora solo se han puesto parches y no medidas reales y urgentes». Según ella, la escasez de personal supone un deterioro de la atención y, como consecuencia de ello, un mayor nivel de nerviosismo en los pacientes. Hernández pone hincapié en que las cifras oficiales no reflejan el volumen del problema. «Solo se denuncian el 14% de los casos y el 30% de los agresores reincide», explica.

Por último, la secretaria general de Satse en Castilla y León, Mercedes Gago, considera que hay un «déficit de sensibilización social» con este tema y echa de menos más ayuda de la Admisnitración. «No somos capaces de ponernos en el lugar del profesional», concluye.

«Me dieron patadas y me desearon que a mi padre le pasara algo peor que al suyo»

Hace poco más de dos semanas que Estela (nombre ficticio), celadora de un hospital de la capital, tuvo un fuerte encontronazo con los familiares de un ingresado que acabó en amenazas y agresiones físicas y verbales. Todo empezó cuando acudió a una habitación a cambiar el pañal de un paciente mayor. Como dicta el protocolo, pidió a los cinco familiares que estaban con él que salieran un momento para poder hacer su trabajo. Sin embargo, se negaron aduciendo que no iban a dejar a su padre solo y que ella «no era nadie» para decirles lo que tenían que hacer. La conversación fue subiendo de tono, hasta que uno de los familiares dijo a la celadora que deseaba que a su padre le pasase algo peor de lo que le estaba pasando al suyo.
Finalmente, la trabajadora tuvo que cambiar el pañal del paciente delante de los acompañantes. Pero ahí no terminó la cosa. Al terminar, la discusión se trasladó al pasillo, y fue cuando algunos compañeros fueron a ayudar a la celadora, a las que los familiares llamaron, entre otra cosa, «sinvergüenza», y a la que amenazaron con llevar a «20 personas más al hospital». Además, uno de los familiares llegó a dar algunas patadas a la mujer en mitad de la discusión. Unos incidentes que, según ella, se repiten con cierta frecuencia. Y muchas veces con familiares que intentan decir a los trabajadores cómo hacer su trabajo o que no dejan de repetir el manido: «Yo te estoy pagando el sueldo con mi impuestos».