El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León verá el próximo día 13 de noviembre los recursos contra la sentencia por el tiroteo de Santovenia (Valladolid) que condenó a Pablo Antonio S.H. ('Chiqui') a un total de 42 años de cárcel por la muerte de dos personas, un vecino del municipio y un guardia civil que acudió con su unidad al escenario de los hechos.
Así, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, será la encargada de analizar los dos recursos presentados, uno de ellos por la defensa del condenado y el otro por una de las dos acusaciones populares ejercida por la Asociación Víctimas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En el primer caso, el defensor solicita la anulación de la condena y la celebración de un nuevo juicio con nuevo jurado por "falta de fundamentación del veredicto a la vista de la complejidad y la gravedad de los hechos enjuiciados" y, con carácter alternativo, que se dicte sentencia absolutoria respecto de Pablo Antonio S.H. ante la falta de prueba objetiva y la inexistencia de prueba suficiente
En el supuesto de no obtener resultado positivo a cualquiera de ambas pretensiones, el defensor solicita del TSJCyL que aplique en un nuevo fallo a los delitos por los que ha sido condenado su cliente la atenuante de haber actuado a causa de su grave adicción a sustancias estupefacientes, algo que no estimó en su veredicto el jurado popular, al objeto de que las penas sean minoradas de forma correspondiente.
A juicio de la defensa, la motivación del veredicto sobre los distintos hechos que el jurado consideró probados y por los que 'Chiqui' fue condenado en relación a la comisión de un delito de tentativa de homicidio son a todas luces insuficientes por su absoluta parquedad dada la gravedad de las penas que se solicitaban por las acusaciones y que de hecho se han terminado imponiendo.
"El delito objeto del presente recurso tiene un análisis complejo y ello teniendo en consideración que, a pesar de existir imágenes de los mismos, en ningún caso determinan las conclusiones a las que llega el jurado y menos aún al argumentario 'ad hoc' que formula el presidente de la Sala en relación con el delito en cuestión", aduce el letrado defensor.
Por su parte, la Asociación Víctimas, a través de Jorge Piedrafita, solicita tanto la elevación del conjunto de penas, de 42,5 años a un total de 52, como de las indemnizaciones para las familias de las víctimas, que la Audiencia de Valladolid fijó en 663.000 euros y que dicho acusador sitúa en 1.550.000; es decir, 887.000 euros más.
En su sentencia, el magistrado que presidió el juicio con jurado contra 'Chiqui' le impuso dieciséis años y medio de cárcel por el asesinato de su vecino Dionisio A.P. ('Dioni') con la atenuante de estado pasional, otros dieciocho años de privación de libertad por el homicidio doloso del jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Pedro Alfonso Casado ('Perico'), y atentado, seis años más de prisión por la tentativa de homicidio en la persona del hijo mayor de su convecino, Aitor--aplica idéntica atenuante--, y dos años más por la tenencia ilícita de armas agravada--por manipulación del número de serie que aparecía parcialmente borrado--.
A lo largo del juicio se reconstruyeron los trágicos hechos ocurridos la madrugada del 1 de julio de 2022 en Santovenia, donde una inicial pelea entre las familias de 'Chiqui' y 'Dioni', que hasta entonces eran "amigos" desde la infancia, desembocó horas más tarde en una espiral de violencia que segó la vida del segundo de ambos vecinos y del jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), el teniente coronel Pedro Alfonso Casado ('Perico').