El Gobierno de Canarias y el Partido Popular han suscrito este martes un acuerdo sobre la emergencia migratoria, que involucra a las 12 comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por los populares, y que será remitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para su negociación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con el vicepresidente del archipiélago, Manuel Domínguez, han presentado en rueda de prensa este acuerdo que establece nueve puntos, entre ellos los criterios para las derivaciones de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias y Ceuta y la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería.

Feijóo ha señalado que este documento es una hoja de ruta ante la inexistencia de una política migratoria y ha acusado al Gobierno central de dar "bandazo a bandazo" y de no cumplir con sus competencias en política migratoria, extranjería y retorno de inmigrantes irregulares.

En el documento se contempla la convocatoria de una conferencia de presidentes para tratar la política migratoria, la declaración de emergencia migratoria nacional y, en lo que a menores se refiere, se determinan los porcentajes en los que las comunidades autónomas tendrán competencias sobre los menores acogidos y sobre los que será el Gobierno central el responsable.

En concreto, la propuesta del Gobierno de Canarias y del PP establece que las comunidades se harán cargo de la financiación y gestión hasta el 100 % de su capacidad de acogida de menores, mientras que cuando se sobrepase esa capacidad y hasta un 150 % la gestión será de las comunidades pero la financiación del exceso corresponderá al Estado.

Una vez superado el 150 % de esa capacidad de acogida, la gestión de los menores y la financiación la asumirá el Estado.

Feijóo detalló que además de la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes debe convocarse una conferencia sectorial de inmigración, infancia y juventud para establecer los criterios de reparto de los menores inmigrantes que tutela Canarias, unos 5.500, entre las comunidades autónomas, de manera que ninguna "quede exenta".

Se debe garantizar que los migrantes derivados sean menores de edad "indubitativamente" y el Gobierno debe poner a disposición de las comunidades autónomas infraestructuras y recursos de alojamiento.

El Gobierno debe facilitar también un fondo de contingencia hasta la edad de emancipación de los menores y comprometerse a sufragar los gastos cuando las autonomías se vean desbordadas, algo que debe incluirse en la modificación de la ley de extranjería.

Además de los puntos relacionados con la gestión de los menores migrantes, el acuerdo del Gobierno de Canarias con el PP incluye un plan de acción más amplio e integral contra "el descontrol migratorio", en palabras de Feijóo.

Entre ellos es figura garantizar el control de fronteras, un pasaporte de tránsito, más medios, el despliegue de las fuerzas de seguridad en los países de origen y tránsito para luchar contra las mafias, pedir a la UE el despliegue del Frontex y aumentar el personal para tramitar expedientes de retorno.

Otro de los puntos del pacto del PP y el Gobierno de Canarias es que se activen los mecanismos en la UE para hacer frente a la emergencia migratoria, con la posibilidad del traslado de inmigrantes a otros estados.

La intensificación de la cooperación con los países de origen, garantizar los flujos de información entre las comunidades y el Gobierno y promover que se implemente en la UE el pacto de inmigración y asilo son otros puntos del acuerdo.