UGT y CCOO pidieron hoy a las puertas de las Cortes de Castilla y León un acuerdo entre instituciones, Gobierno de España y Junta ante una situación "contrarreloj" para evitar que Siro entre en concurso de acreedores si no se consigue revertir la situación en los próximos días, tras el planteamiento de cierre de la planta galletera de Venta de Baños y el futuro incierto del resto de fábricas de la compañía afincadas en Toro y Aguilar de Campoo tras la retirada del socio inversor.

Ambas organizaciones advirtieron que "la crisis de Siro afecta también al desarrollo económico de Castilla y León por la repercusión que tendría el cierre de las plantas", al tratarse de una compañía con raíces en lo rural cuyo cierre impactaría de lleno en la España Vaciada, dijeron.

La secretaria de acción sindical de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, afirmó que no entiende que "no hayan convocado a los sindicatos a la reunión de hoy, mientras que sí lo han hecho para mediar en otras ocasiones", quien lo achacó a que "pueda deberse a que las consejerías de industria y agricultura se encuentran en manos de otro partido político". 

En cuanto al plan de competitividad, exigido por el inversor para entrar en el grupo, señaló que lo llevan negociando desde hace siete meses y que se llegó a algunos preacuerdos con los que no toda la plantilla estaba de acuerdo. 

En este sentido, Vega apuntó que "tanto el Ministerio como la Junta bien podrían poner de su parte para que el plan fuera mejorado y terminar con el conflicto", porque de no ser así, en poco tiempo, "veremos no el cierre de una fábrica, ya anunciado, sino de las cuatro fábricas que integran el grupo Siro".

Por su parte, el secretario de política industrial de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, hizo hincapié en la "necesidad urgente de una inyección de liquidez, tanto para pagar salarios como para poder comprar materia prima, mientas se está a la espera de cerrar un acuerdo definitivo con el inversor para posibilitar que 1.500 puestos de trabajo directos no se vayan fuera de la Comunidad". 

También se refirió a la deuda de 300 millones de euros, reconocida por la empresa, de la que "no se puede culpar a los trabajadores, sino a la gestión errática de la compañía".