Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres personas de una familia, dos sin antecedentes y una con ellos, por explotar a trabajadores extranjeros en una finca agrícola. Les obligaban a hacer jornadas de 14 horas; les pagaban 5.50 euros la hora o tres céntimos por cepa de vid limpiada, se les descontaba 90 euros de alojamiento, y les obligaban a trabajar enfermos. Si no se podían levantar de la cama, les descontaban la jornada. Es más, vivían hacinados, bajo el continuo control de sus explotadores.

En concreto, se trata de un varón y una mujer de 37 y 45 años, respectivamente, sin antecedentes y un varón de 38 años con un antecedente policial. Se les acusa de presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los ciudadanos extranjeros y coacciones.

Con el único fin de aumentar sus beneficios, los líderes vulneraban y restringían los derechos de los trabajadores exigiendo e imponiendo condiciones laborales lamentables que consistían en horarios de ocho de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones. Además de los 90 euros por alojamiento, les descontaban 30 euros por otros gastos y tres euros al día por el transporte hasta el lugar de trabajo. 

La investigación se inició el pasado mes de febrero, al producirse una inspección de trabajo rutinaria en el campo, que corroboró la presencia de una cuadrilla controlada por el clan familiar. Los agentes detectaron a dos trabajadores irregulares, que no se identificaron con los documentos falsos entregados por los detenidos. Narraron las condiciones que les eran impuestas y la situación en la que se encontraban llegando los cabecillas a coaccionarles con el fin de que sus empleados cambiaran su declaración. 

Modus operandi

El grupo, que actuaba en la provincia de Valladolid, estaba integrado por las tres personas que se daban de alta como autónomos de forma intermitente, creando empresas intermediarias dedicadas a la prestación de servicios agrícolas en el campo y que contactaban con agricultores que precisaban mano de obra para realizar labores agrícolas. 

Los investigados buscaban empleados sin autorización de trabajo, dispuestos a cobrar sueldos míseros por jornadas maratonianas en condiciones deplorables. Estos trabajadores, prácticamente en su totalidad extranjeros, eran personas especialmente vulnerables por su situación administrativa irregular en España y que además generalmente desconocían el idioma y la legislación vigente. 

Los detenidos con la intención de ocultar ante las autoridades a los extranjeros irregulares que “contrataban”, les entregaban documentos con la filiación de otras personas que sí disponían de permiso de trabajo, al objeto de que se hicieran pasar por los mismos si fueran requeridos en una inspección.

Cuando los cabecillas captaban a trabajadores, los ubicaban en una vivienda de su propiedad, asegurando así un férreo control sobre los mismos. Les cobraban cantidades desorbitadas por el alojamiento, suministros y transporte, proporcionando una morada insalubre, en la que vivían hacinados y recibiendo un trato continuo de despotismo y desprecio por parte de sus explotadores.

Los detenidos, tras pasar a disposición de la autoridad judicial, fueron puestos en libertad con cargos. La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.