La 'golden visa' es un término utilizado para describir un programa de residencia o ciudadanía por inversión ofrecido por varios países alrededor del mundo. Bajo estos planes, las personas pueden residir de manera oficial en otro país si han realizado una inversión significativa en la economía de la nación anfitriona. Esta fórmula lleva más de diez años funcionando en España y permite a los extranjeros que inviertan en vivienda más de 500.000 euros acceder al permiso de residencia. Un incentivo que también utilizan otros países y que ahora el Gobierno de Sánchez quiere eliminar.

Cierto es que muchas de estas inversiones, que lideran principalmente chinos y rusos, son con estrictos fines empresariales o bien con intenciones especulativas en el mercado de la vivienda. En estos diez años de vigencia de la normativa se han concedido en España unos 6.200 visados a inversores de diferentes nacionalidades y a la mayoría, por la adquisición de bienes inmuebles, lo que supone una cifra poco relevante para que se considere el epicentro del problema social que arrastra el sector de la vivienda en nuestro país. Por ello, suprimir este formato no es la solución. Más bien, el remedio para que el acceso a este derecho constitucional no se convierta en un artículo de lujo solo para unos pocos pasa por un amplio consenso político de carácter nacional. Algo que, a la vista está, parece hoy en día una quimera, porque a la clase dirigente le ocupan y preocupan otras cuestiones de corte partidista. ¿Dónde están las promesas lanzadas no hace tanto tiempo a propósito de la puesta en el mercado de miles de viviendas procedentes de la Sareb?

Tampoco olvidemos que este grave problema se combate, además, con la regulación eficaz del mercado de alquiler, ordenando la tenencia de pisos turísticos y persiguiendo la ocupación ilegal que mantienen muchos inmuebles cerrados a cal y canto.

Eso, por no hablar de la falta de dignificación de la profesión del empleado de la construcción, un oficio denostado, o la aplicación de políticas de gestión del suelo más acordes con la realidad. En definitiva, la supresión de la 'golden visa' representa una medida que peca de intervencionismo al estilo bolivariano y nos aleja aún más de los países con mayores rentas.

Qué obsesión hay en España de querer arreglar lo que no está estropeado.