Alrededor de 300.000 estudiantes se examinan esta semana de la EBAU, las pruebas de acceso a la Universidad. La mayoría de los alumnos supera este examen (un 92,4% en junio de 2023), pero el quid de la cuestión está en hacerlo con la nota necesaria en función de la carrera seleccionada. Y es aquí donde aparece la otra cara de la moneda: el lugar donde se examina el alumno. Porque en España hay 17 pruebas diferentes, una por cada comunidad autónoma. Todo un despropósito si lo que se pretende es que todos los estudiantes de un mismo país tengan las mismas oportunidades y las universidades funcionen de verdad como un distrito único.
Es viejo el uso partidista de la educación. Lo hemos visto siempre con cada cambio de gobierno en La Moncloa. Pero ni siquiera las nuevas normativas en la materia han tenido en cuenta hasta ahora la igualdad a la hora de acceder a los estudios superiores. Lo vemos estos días de nuevo con las preguntas y los diferentes criterios de corrección de las pruebas para acceder a la Universidad. Por ejemplo, en Cataluña no se evalúa la Literatura o en Madrid y Castilla y León la exigencia en materia de redacción y ortografía es alta, mientras en Baleares ni siquiera penaliza. Por no hablar de la diferencia de porcentajes de los temarios para lograr la misma nota o el dispar número de temarios si se trata de sacar un 10 en Historia o Matemáticas. O sea, que la EBAU acaba siendo una especie de bombo en el que no todas las bolas son iguales o, incluso, algunas vienen marcadas de antemano.
En Castilla y León, la región con mejores indicadores en enseñanza, las faltas de ortografía pueden suponer hasta un 40% de la nota de Lengua y Literatura. Eso mismo resta en Asturias un 20% o un 30% si nos fijamos en la Comunidad Valenciana.
En el caso de las comunidades sin lengua cooficial, como es el nuestro, se ha dado a elegir este año entre Historia de España o Historia de la Filosofía y sabemos que, por fin, el Ministerio de Educación quiere unificar las correcciones para la nueva EBAU, donde las faltas ortográficas y gramaticales podrán bajar un punto, o lo que es lo mismo, disminuir un 10% la nota final. Pero eso ya será en 2025 y siempre que no haya sorpresas.
Mientras, lo que sí tenemos es una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad alejada de lo que debería ser una prueba unificada para todos los alumnos, vivan donde vivan. Ni siquiera las pruebas son similares en cuanto a temario y dificultad, lo que no deja de ser una fuente de desigualdad entre nuestros jóvenes. Tanto es así que un alumno puede aprobar o suspender la prueba de acceso dependiendo de la comunidad donde realice el examen. Con ello se institucionaliza la injusticia y se aplaude la desventaja en función del territorio y, además, en una cuestión tan sensible como la que estamos abordando. Es todo un canto a la falta de igualdad como lo demuestra el hecho de que con los mismos conocimientos un alumno puede sacar un 8 o un 6 al final del proceso según el lugar donde se examine.
Es preciso, por tanto, homologar y unificar contenidos, criterios de corrección del profesorado y hasta la propia extensión de las respuestas de los alumnos. Y, sobre todo, urge sacar este tema de la fricción política, porque el futuro de nuestros estudiantes no puede ser moneda de cambio para obtener determinados réditos políticos.