La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid ha sancionado a Meridianos, la empresa que gestiona desde el 1 de julio de 2024 el centro Zambrana, dependiente de la Consejería de Familia y destinado al cumplimiento de medidas judiciales de internamiento de jóvenes de entre 14 y 21 años, por no haber aprobado y presentado en plazo un calendario laboral de 2025 para su plantilla, con el añadido de que aún hay trabajadores con vacaciones del año pasado no disfrutadas. Una infracción administrativa tipificada como grave pero que, por encima de la limitada trascendencia de su cuantía económica (de 750 a 7.500 euros, según contempla la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), tiene su peso por ser la primera que se le impone en el marco de un conflicto con los educadores con muchos otros frentes abiertos en vía judicial y administrativa. De hecho, ya el pasado mes de enero este mismo órgano inspector emitía un informe con numerosos requerimientos por los que constataba déficits organizativos y de seguridad tras analizar diversas denuncias presentadas por UGT, que de momento no se ha pronunciado sobre dicha sanción.
El convenio que rige las condiciones de estos trabajadores establece que el calendario laboral anual debe quedar cerrado antes del 31 de enero de cada año, tal y como ya recordaba la propia Inspección a la empresa en el citado informe que emitió, concretamente, con fecha del 17 de enero. Y la sanción de ahora se debe a ese incumplimiento de convenio.
Fue el 29 de enero, a sólo dos días de que venciera el plazo, cuando, según los representantes de los trabajadores, Meridianos les comunicó los criterios a tener en cuenta para pedir fechas de vacaciones de cara a la elaboración del calendario anual; y justo el jueves de la semana pasada, el comité se reunía con la empresa para cerrar un "acuerdo de mínimos" que UGT matiza que han aceptado "por responsabilidad social", para "demostrar el talante conciliador" de los trabajadores y no perjudicarles más por lo que afectaría que este conflicto se dilatara en la vía judicial. De hecho, aseguran que el nuevo calendario "conlleva pérdida de derechos laborales" que así sacrifican "para conseguir una paz social" que depende ya no sólo del calendario, sino del resto de focos de conflicto que siguen activos, y para cuyo abordaje sostienen que deben implicarse "otros agentes como la propia Junta de Castilla y León", aparte de la empresa. "No puede ser que siempre seamos los mismos los que cedamos y no solo no se consigan mejorar nuestras condiciones laborales, sino que además todo apunta a que cada vez perdemos más derechos y se precarizan nuestros puestos, a pesar de que la Junta aporta cada vez más dinero al servicio", sostienen.
"Este parche que ahora hemos puesto solo soluciona la situación momentáneamente -reiteran en referencia al calendario aprobado-, y nos hace ganar a todos tiempo para poder sentarnos con más calma, hablar de todo esto e intentar encontrar soluciones, porque la plantilla al completo tenemos muy claro que somos parte clave de este servicio y que ya hemos aguantado y cedido demasiado", prosiguen desde UGT.
En este contexto, y después de que, según los sindicatos, la empresa les haya vuelto a justificar la falta de cobertura de bajas y vacantes en la "dificultad" de encontrar profesionales dispuestos, la representación sindical considera que "es momento de plantearse entonces las condiciones laborales que se ofrecen en este sector" tanto "a nivel de salarios como de conciliación y seguridad". De lo contrario, advierten que los problemas persistirán, al tiempo que citan como ejemplo los cuatro educadores que han dejado sus puestos durante las dos últimas semanas, incluidos dos "con más de 15 años de antigüedad" y a pesar de que se han ido "sin tener asegurado otro empleo".
A juicio de este sindicato, "quedan por resolverse numerosas cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales tanto referidas a la protección de la integridad física de los trabajadores como el cuidado de su salud mental; las continuas denegaciones de vacaciones, asuntos propios y permisos retribuidos, que hasta el momento se han seguido denegando de manera continuada a todos los trabajadores aludiendo a que no se encuentra personal; o el incumplimiento del contrato de gestión en cuanto a los ratios mínimos de plazas cubiertas por turno".
Respecto al número de educadores, de inicio se estableció que al menos debe haber 18 por turno, y la empresa, para mejorar su valoración en el proceso de licitación, se ofreció a contar con 19 por la mañana y 20 por la tarde, pero "en las últimas semanas han llegado a estar 15". "No se cubren licencias retribuidas, salidas médicas ni horas sindicales, dejando el servicio es unas condiciones mínimas de personal, tal y como estábamos con la anterior empresa (Grupo 5, que estuvo hasta el 30 de junio de 2024) o incluso peor, sin que esto esté siendo solucionado por nadie".
Nuevo capítulo del Zambrana en las Cortes
Por otro lado, coincide que justo el pasado martes el Zambrana volvía a protagonizar una comisión de Familia en las Cortes, a raíz de una pregunta parlamentaria planteada por el Grupo Socialista; la tercera sobre este centro que lanza este partido en año y medio, tras las de noviembre de 2023 y mayo de 2024. Esta vez la motivación era conocer si, tras el informe de requerimientos que emitió la Inspección de Trabajo, la Junta tenía previsto "preservar la seguridad y salud de los trabajadores".
En ese foro, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguró que el centro Zambrana "presta sus servicios con toda normalidad", y que "la atención que reciben los menores es óptima y adecuada". Y respecto a las denuncias de los sindicatos y requerimientos de Trabajo, los describió como "problemas laborales entre la empresa y los trabajadores". "Algunas de las cuestiones que se plantean derivan del cambio de entidad, de la interpretación de normativa o de acuerdos anteriores, otras tienen un carácter formal y algunas requieren del acuerdo de los propios trabajadores para poder solventarse", añadió. Además, afirmó que "ya se han resuelto casi todos los requerimientos planteados por la Inspección de Trabajo y el resto están en proceso de solución".
Así, Blanco dio por solventada la elaboración del calendario laboral, o también otras cuestiones como el ajuste del registro diario de jornada, "y así con otra serie de actuaciones a las que se está dando respuesta y cumplimiento".
Sin embargo, tales afirmaciones no convencieron al procurador del PSOE Pedro Luis González Reglero: "Dice usted que el centro está trabajando con toda normalidad, pero también que surgen problemas", cuestionó. Citó por ello algunos de los últimos días en los que no se habrían cubierto ratios mínimos de personal, que "siguen sin cubrirse bajas", "no se pueden disfrutar las vacaciones solicitadas", "se siguen produciendo agresiones a los profesionales del centro" y "obligan" a cambiar los turnos a los trabajadores sin respetar tiempos de preaviso; aparte de citar un episodio de contagios de sarna que se produjo el pasado otoño. "¿Y cuántas penalizaciones han impuesto la adjudicataria del servicio? Ninguna", añadió Reguero.
En su turno de réplica, Blanco insistió en asegurar que "la empresa está cumpliendo el pliego", en alusión a las condiciones fijadas por contrato de gestión, desmintiendo así al PSOE y también a los representantes sindicales que, sin embargo, cuentan con que la Inspección de Trabajo continúe dando respuesta a sus denuncias, mientras aguardan también novedades por la vía judicial, donde ya hay varios litigios planteados por presuntos impagos en la liquidación de contratos derivada del cambio de empresa.