Los consistorios llevan meses inmersos en los procesos de estabilización de sus plantillas municipales y están creando más plazas para mejorar la gestión que ofrecen a sus ciudadanos. Desde la pasada crisis económica del 2008, cuando el Gobierno limitó a través de la tasa de reposición la contratación de nuevos empleados públicos, los entes locales no habían tenido más remedio que sacar adelante el trabajo del día a día con un personal limitado. La tasa de reposición es la ratio que en función del número de bajas previas determina las personas que pueden acceder a un puesto en la administración pública. Durante los años de crisis, esta tasa llegó a caer al 10 por ciento elevándose en estos últimos ejercicios hasta para alcanzar el 110 como norma general en 2023.  

Esta circunstancia está permitiendo a los consistorios aprobar nuevas convocatorias de personal, lo que también ha aumentado durante los últimos años el coste que deben afrontar los equipos de Gobierno de los ayuntamientos. En concreto, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda pertenecientes al ejercicio 2022 (último contabilizado), los consistorios no paran de engordar sus plantillas y destinan ya el 36 por ciento de sus ingresos al pago de los nóminas. Ese ejercicio, los municipios de Valladolid ingresaron 589.181.000 euros, de los que destinaron a personal 214.481.000. Es decir, uno de cada tres euros de ingresos de los ayuntamientos se van a personal. Si retrocedemos dos décadas se puede ver que este porcentaje era solo del 30 por ciento y desde entonces, la cifra no ha parado de crecer.

En algunos casos de municipios muy pequeños, que comparten un secretario incluso entre tres o cuatro consistorios, y no tienen más empleados que un alguacil a media jornada, no tienen apenas gastos de personal y son los que menos dinero destinan a este concepto. Es el caso de Barruelo del Valle. Este pequeño municipio, ubicado en la comarca de Tordesillas, donde únicamente tiene sueldo el secretario municipal. Evidentemente, la corporación municipal no cobra por su labor al frente del consistorio. El alcalde y diputado provincial, Mario de Fuentes, recuerda que funcionan como un concejo abierto y las decisiones se adoptan entre todos los vecinos. «Solo tenemos un secretario que viene unas horas y nada más. Somos un pueblo pequeño», comentó.

Otros de estos ejemplos son Manzanillo (que destina el 10 por ciento) y Villaco (11,7%). Lo mismo sucede en ambos municipios. Menos de cien habitantes, donde los equipos de Gobierno no perciben ninguna aportación y donde el secretario tan solo acude unas horas a la semana.

Al contrario, Cuenca de Campos  es el pueblo que más dinero destina porcentualmente al pago de sus empleados. Ni más ni menos que el 51 por ciento destinó en el ejercicio 2022. 229.202 euros de los 578.700 que obtuvo a través de los ingresos. Al gasto en la plantilla habría que sumar otros 200.000 euros que sufragaron el gasto corriente durante todo el año. Así, este pueblo únicamente destino 74.197 euros al capítulo de inversiones. 

También llama la atención el hecho de que Laguna de Duero sea el segundo pueblo que más gasta en personal. 20,8 millones de euros ingresó en 2022, de los que 10,4 fueron a parar al pago de nóminas. Se debe tener en cuenta que, a pesar de esta situación, este año se incrementaron las retribuciones de la corporación municipal un 26 por ciento.

Pueblos grandes. Algunos de los municipios de mayor tamaño de la provincia son los que tiene un mayor gasto en personal. Portillo (49%), Cigales (44%), Íscar (43%) o Boecillo (42) son solo algunos ejemplos. Este elevado porcentaje en el pago de nóminas imposibilita en gran medida la realización de muchos proyectos de inversión. 

Las convocatorias de personal han sido constantes durante los últimos años. Sin ir más lejos, en Valladolid se han convocado plazas de capataz, mecánicos, conductores o técnicos, entre otros. El Ayuntamiento de la capital está por encima de la media de la provincia y destina 37 de cada cien euros que ingresa a pagar a los funcionarios. El personal de limpieza, la Policía  Local, Bomberos o el personal administrativo han engordado la cuantía que debe sufragar el Consistorio. 

La Diputación, con menos personal, se queda en el 34,3 por ciento. Destino 48,6 millones de los 141,5 que ingreso durante el ejercicio 2022.