La cárcel de Valladolid ha registrado en los últimos años una escalada de incidentes que llegó a su máximo en 2023, con 446 episodios de este tipo. De ellos, nueve fueron leves, 330 graves y 107 muy graves, según los datos facilitados por el sindicato CSIF. El incremento ha sido incesante en el último lustro para pasar de los 217 de 2018 a la cifra actual. Es decir, más del doble.
Una tendencia que coincide, según los trabajadores, con una plantilla que está infradimensionada. De los 304 funcionarios que debería tener el penal, solo hay 240, es decir, hay 64 vacantes sin cubrir. «En los últimos años la oferta de empleo público ha sido insuficiente», dice Honorio Gordo, el delegado de Instituciones Penitenciarias de CSIF.
Una de las incidencias más habituales es la de intentar introducir teléfonos móviles en la prisión en el momento de visitas de familiares. Desde dispositivos extremadamente pequeños, de plástico, a otros de última generación, mucho más grandes. Gordo asegura que en junio del año pasado incluso intervinieron un modelo que todavía no había salido al mercado. Lo mismo sucede con otros dispositivos que se pueden utilizar para comunicaciones con el exterior, como determinados relojes de última generación.
En otras ocasiones se utilizan métodos más sofisticados. Por ejemplo, el dron que el año pasado intentó introducir móviles y drogas y que tuvo que ser interceptado por la Guardia Civil, antes de detener a cinco personas por ello. La mayoría de los internos cumple condena por robo o tráfico de drogas, aunque están en aumento los delitos sexuales y la violencia de género.
Hay otros incidentes que ponen más en riesgo la integridad de los funcionarios. En muchas ocasiones tienen que intervenir para separar a reclusos que están peleando, con todo lo que eso supone. En otras, son ellos mismos los agredidos. Es lo que sucedió el año pasado, cuando un interno «cabreado», que amenazaba con 'chinarse' (producirse cortes con algún objeto, en argot carcelario; en este caso, con una cuchilla), propinó un puñetazo a un jefe de servicio. Como el trabajador no cogió la baja ni sufrió lesiones importantes, el castigo, tal y como marca el protocolo, fue de diez días de aislamiento en la celda. Otro de los incidentes ocurridos el año pasado tuvo como protagonista a un preso que recibió una noticia negativa del exterior, lo que provocó que se pusiera agresivo y destrozara su celda. Televisor incluida, aunque era de su propiedad.
Gordo denuncia que los funcionarios no tienen las herramientas adecuadas para enfrentarse a estas situaciones. Y se pone como ejemplo a él mismo, que recibió un curso de defensa personal cuando empezó a trabajar, hace 30 años. Y nada más. Poca preparación para parar a algunos internos que tienen la violencia mucho más normalizada en su día a día. Por eso reclaman, entre otras cosas, que se les considere agentes de la autoridad, lo que endurecería la sanción a los que les ataquen, que se cubran las vacantes actuales, que se mejoren los medios materiales y se les dote de pistolas eléctricas táser «para reducir a los internos más violentos». También piden «formación continua y de calidad» y equiparación salarial con otros compañeros que trabajan en Cataluña y País Vasco.
Mujeres funcionarias
Gordo también asegura que las funcionarias se tienen que enfrentar a situaciones más complicadas, porque algunos presos musulmanes «no llevan bien» recibir órdenes de mujeres. En Villanubla hay 42 internos que profesan esta religión y seis yihadistas. Además, ellas tienen que aguantar otras actitudes que no se dan con los funcionarios. «Hemos tenido incidentes porque les tocan el culo, cosa que a mí no me hacen», explica.
Por todos estos motivos, y en solidaridad con la familia de Nuria López, cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) asesinada a cuchilladas por un interno que luego se suicidó, los trabajadores de la prisión de Villanubla se concentraron el pasado 15 de marzo y emitieron un comunicado en el que se preguntaron: «¿Dónde será el siguiente? ¿En Valladolid?».