Los jueces de paz han vivido en los últimos años con la espada de Damocles sobre su cabeza. Un peligro de extinción que parece más inminente que nunca después de que el Gobierno haya remitido a las Cortes el Proyecto de Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una ley que contempla la eliminación de una figura que tiene más de 160 años de historia y que durante mucho tiempo fue la principal referencia de los vecinos de muchos pueblos para resolver pequeñas desavenencias sin tener que llegar a juicio. Además, su firma era necesaria en algunos trámites administrativos, como los registros de nacimientos, defunciones, etcétera. Estas personas no pertenecen a la carrera judicial. Los únicos requisitos para ser juez de paz son tener nacionalidad española, ser mayor de edad, residir en la localidad y no estar incurso en causa de incapacidad, como estar impedido física o psíquicamente para la función judicial, no estar condenado por delito doloso y estar en pleno derecho de los derechos civiles. Sus competencias no van más allá de impartir justicia en cuestiones civiles de escasa relevancia y en reclamaciones de dinero que no superen los 90 euros.

La nueva ley que está tramitando el Gobierno sustituirá esta figura por oficinas de justicia que ampliarán las competencias que ahora tienen los juzgados de paz y garantizarán los trámites procesales de forma telemática. «Pondremos el foco para que puedan acceder al servicio público de Justicia en igualdad de condiciones que si estuvieran en grandes ciudades, sin tener que desplazarse», explicó hace dos meses el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Lo cierto es que la figura del juez de paz ha ido perdiendo peso. Sobre todo en los últimos meses, a raíz de la puesta en marcha de una aplicación en las oficinas colaboradoras del Registro Civil que ya permite realizar muchos trámites telemáticamente. Actualmente la labor de los jueces de paz se limita a estampar su firma en enlaces matrimoniales y los citados actos de conciliación, que cada vez son más escasos, según reconocen a El Día de Valladolid algunos jueces de paz de la provincia. Y así lo dicen también las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2023 resolvieron en la provincia de Valladolid 8.088 casos, un 11,2% menos que en el año anterior. De hecho, desde 2017 nunca se han superado los 10.000 casos resueltos, algo que sí que había pasado, sin excepción, en los 20 años anteriores.

Los 220 juzgados de paz que tiene Valladolid están agrupados en 16 secretarias en los municipios de mayor población de la zona. Se trata de Peñafiel (28), Tordesillas (24), Rueda (9), Nava del Rey (5), Villalón de Campos (22), Portillo (8), Cigales (9), Fresno el Viejo (10), Mayorga (20), Pedrajas (3), Renedo (16), Arroyo (4), Tudela (6), Zaratán (13), Olmedo (22) y Villabrágima (21). A pesar de la existencia de estos juzgados, no siempre es fácil encontrar una persona que esté dispuesta a asumir esta función. Es relativamente habitual que el Boletín Oficial de la Provincia publique anuncios de vacantes, ya sea para los titulares o suplentes. Este mismo jueves lo hizo Amusquillo, al igual que en días anteriores hicieron lo propio Urueña, Íscar, Villanueva de la Condesa y Villanueva de los Caballeros, entre otros. Las retribuciones de los jueces de paz vienen definidas en los Presupuestos Generales del Estado. En los pueblos de hasta 1.999 habitantes es de 1.246 euros al año; de 2.000 a 4.999 vecinos, 1.869 euros; de 5.000 a 6.999 habitantes, 2.492 euros; de 7.000 a 14.999 vecinos, 3.738, y por encima de ese nivel de población, 4.984 euros al año.

Rosa Bombín, jueza de paz de Peñafiel: «Ya no se recurre a nosotros para resolver conflictos»

Hubo un tiempo en el que Rosa Bombín no podía salir de Peñafiel sin el 'miedo' a recibir una llamada que solicitase su trabajo como jueza de paz. «Cuanto tenía que ir a Valladolid sufría por esto, así que iba y volvía rápido», recuerda. Un temor que se refería, sobre todo, a casos como fallecimientos, en los que su firma era indispensable. Hoy en día todo ha cambiado, la digitalización ha hecho que su rúbrica solo sea necesaria en las bodas que se celebran de lunes a viernes, ya que los fines de semana los vecinos van a la iglesia o al Ayuntamiento. También tiene que intervenir en casos puntuales, como sucederá en las próximas Elecciones Europeas del 9 de junio con la recogida de los votos. Bombín lleva 16 años como jueza de paz de este pueblo, un periodo en el que ha podido constatar la pérdida de peso de esta figura. Ahora reconoce que no se suele recurrir a ella para mediar en conflictos vecinales y evitar que lleguen a los juzgados, y cree que es así porque su experiencia dice que son raros los casos en los que se llega a un acuerdo. «La gente ya se ha mentalizado de que no se va a poner de acuerdo y, claro, al final todo tiene que ir a base de abogados», asegura. Sin embargo, recuerda su participación en casos delicados de familias que iban a ser desahuciadas para intentar llegar a un acuerdo con el propietario. «Esas cosas duelen mucho». reconoce. No obstante, llegados a este punto, comprende la desaparición de los jueces de paz. Eso sí, pide un uso adecuado del «supuesto» dinero que va a ahorrar la futura ley de eficiencia.

José Antonio García, juez de paz de Pedrajas: «Esto es algo de antaño... los ordenadores acaban con todo»

Cuando a José Antonio García le surgió la posibilidad de ser juez de paz de Pedrajas de San Esteban, no se lo pensó ni un momento. Por entonces ya estaba jubilado y esta era una forma «muy interensante» de mantenerse activo. Una manera de aportar a su pueblo. Fue en el año 2011 cuando accedió a un cargo en el que ha tenido que abordar algunos conflictos vecinales que ha conseguido que no llegaran a juicio. «Como les conocía, les explicaba que convenía que llegasen a un acuerdo para evitar tener que meterse en abogados, y lo hacían», señala. Eso sí, siempre «casos menores». Como el del perro cuyos ladridos molestaban a un vecino o algunas disputas con insultos de por medio. Todo solucionado con el poder de la palabra, algo que no siempre es posible, porque «cabezotas hay en todas las partes», bromea. García es consciente de que la nueva ley hace que sus días como juez de paz estén contados, pero lo asume con la normalidad que impone el paso del tiempo. Es más, dice que estos cargos son «cosas de antaño, como lo eran los serenos», y se resigna a que «la tecnología y los ordenadores acaban con todo». Pero asume que «hay que adaptarse». Tampoco es que esto le vaya a suponer mucho trastorno económico, porque la compensación que recibe por este trabajo da «malamente para un café», dice entre risas, reproduciendo lo que a él mismo le dijeron cuando asumió esta responsabilidad.

Raúl Benito, juez de paz de Cigales: «He conseguido que se quiten denuncias tras la conciliación»

Raúl Benito comenzó su trabajo como juez de paz en Cigales hace algo más de diez años. En un principio lo hizo como sustituto, pero esta labor le pareció «interesante» y decidió dar el paso a ser el titular cuando tuvo la oportunidad. «La última vez que me han elegido fue no hace mucho, con consenso entre todo el pleno, y eso me anima porque me hace sentir que la gente se siente a gusto con la imparcialidad con la que trabajo», explica. Según él, este cargo se caracteriza por la «cercanía» y por la facilidad de acceder a los implicados en conflictos. Incluso en sus propias casas. «A veces he conseguido que se quiten denuncias después de actos de conciliación, y esa es una de las satisfacciones de los jueces de paz», añade. Se trata, en definitiva, de una forma de impartir justicia en la que se ponen «muchos más sentimientos encima de la mesa» que en la fría burocracia de los juzgados. A veces basta con convencer a las partes a que se sienten a hablar. Es lo que pasó, por ejemplo, cuando un vecino tuvo problemas con otro porque un árbol del terreno del primero 'invadió' el del segundo y este le pedía que lo podara porque le llenaba el patio de hojas. Eso sí, cuando son temas de más 'calado', con una cantidad importante de dinero por medio, el denunciante solo acude al juez de paz como aviso previo de una denuncia en los juzgados, sin voluntad de llegar a un acuerdo. Ahora Benito tiene muchos menos actos de conciliación que cuando empezó con este trabajo, de modo que casi solo se limita a poner su firma en los enlaces matrimoniales.