La covid persistente amenaza con convertirse en una nueva pandemia. Los científicos calculan que un diez por ciento de los contagiados por la covid-19 sufren esta nueva patología, que ya ha sido reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero todavía no por las autoridades sanitarias españolas, ni por la propia sociedad para la que es una gran desconocida.

En Valladolid se calcula que puede haber alrededor de 6.800 personas que meses después de haberse contagiado continúan sufriendo alguno de los más de 200 síntomas vinculados al virus. Una sintomatología que, en muchos casos, los invalida para desarrollar su trabajo, aunque se están registrando una cascada de altas, tras agotar el periodo legal establecido. Un limbo legal ante una enfermedad poco conocida que deriva en numerosos problemas laborales e incluso en despidos. 

Una problemática que llevan meses advirtiendo desde los colectivos de pacientes, que ya han pedido en diversas ocasiones el amparo del Gobierno contra la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de obligarles a incorporarse a su puesto de trabajo al cumplirse el limite del año de su baja. Una barrera temporal que en algunos casos se ha ampliado hasta los 18 meses, aunque para muchos de estos enfermos «no es suficiente» para recuperarse y reincorporarse al mercado laboral. 

Reconocimiento.

El colectivo Long Covid Acts aboga por establecer prórrogas que les permitan recuperarse mientras avanza la investigación de tratamientos eficaces o, en los casos que lo permitan, incorporaciones «paulatinas» a sus puestos de trabajo. Una flexibilidad indispensable para personas que sufren «serios síntomas persistentes», que se han unido para visibilizar ante el departamento de Escrivá la situación de «desamparo» en la que, a su juicio, se encuentran estos a la hora de superar el examen de los tribunales del INSS.

«Hemos podido comprobar serias inequidades en la atención a los afectados de la covid-19 persistente a la hora de valorar prórrogas de 180 días o de dictaminar altas», apuntan desde el colectivo de Castilla y León. Los afectados piden la aplicación de bajas «ajustadas a la enfermedad, bajo un código específico de la covid-19 persistente». «Se trata de una patología multisistémica y así ha de tratarse por parte de la sanidad pública. No permite retomar la vida social, familiar y laboral de forma total, y cualquier sobreesfuerzo puede derivar en un empeoramiento drástico de los síntomas y provocar recaídas que impiden realizar las actividades de la vida diaria», lamenta Chus Fresno, presidente de Long Covid Castilla y León.

Desde el Ministerio de Sanidad se argumenta que desde marzo de este año reciben procesos de bajas relacionados con la covid-19. «Se están realizando los controles médicos pertinentes por parte de la inspección médica del INSS y se emite el correspondiente informe médico para su calificación por los equipos de valoración de incapacidades y la emisión de la resolución por la dirección provincial». Y recalcan que estos pacientes, como otros, tiene un estudio clínico-laboral donde se decide la prórroga de 180 días después de los 12 meses o se inicia el proceso de incapacidad permanente. «En el último  caso, se le declararía con un grado  de incapacidad o si es posible una reincorporación puede decidirse un demora de la calificación de un máximo de seis meses».

Pero los afectados de Valladolid apuntan que por defecto están recibiendo  el alta o rechazando las peticiones de incapacidad porque se considera que sus lesiones «no son invalidantes», aunque muchos refieren «la imposibilidad» para afrontar las funciones labores previas a la enfermedad. Las consecuencias no se han hecho esperar en el ámbito laboral. Desde la asociación se informa periódicamente conocen algún caso de un afectado por la covid persistente que ha sido despedido, incluida la propia presidenta. 

Despidos.

Este periódico ha recogido diversos testimonios, pero todos los afectados quieren mantener su anonimato porque están inmersos en procesos judiciales contra sus empresas o el INSS. «Sigo enferma, pero me dijeron que me iban a dar el alta porque uno de los problemas de esta enfermedad es que las pruebas no reflejan la patología. No me dieron prórroga aunque el informe de la mutua apuntaba que necesitaba prórroga, al igual que el médico de cabecera y el de medicina interna. También me han despedido por estar tanto tiempo de baja. Esto es lo que nos trae la pandemia», lamenta una de las afectadas. 

De momento, cada enfermo, la mayoría son mujeres, está batallando judicialmente tanto la improcedencia del alta del INSS como primer paso para después acudir al Juzgado de lo Social, y también la rescisión de sus contratos por motivos objetivos de bajo rendimiento o «ineptitud sobrevenida». Una situación que también denuncian los sindicatos. «Lo justo es que el INSS iniciará un expediente de incapacidad laboral porque no pueden tirar balones fuera», apuna Fernando Fraile, secretario regional de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOOCyL. «Hay que corregir esta situación de alguna manera. Estos trabajadores no pueden ser despedidos, es una barbaridad y es discriminatorio. Y menos que se haga utilizando las medidas de flexibilidad laboral, con las que estamos totalmente en desacuerdo», reitera. 

Una posición parecida plantean desde UTGCyL. El sindicato ha desarrollado un protocolo para la reincorporación progresiva al puesto de trabajo. «Hay que garantizar que el retorno sea en condiciones seguras para el trabajador y el empresario. También se puede adaptar la jornada laboral», detalla Mª Fe Muñiz, secretario regional de Salud Labora de UGTCyL. También se pide una adaptación normativa para que en caso de alta, tras agotar el periodo legal, y si se produce una nueva baja del trabajador se considere recaída y que se considere como contingencia profesional a efectos económicos. «Esto no pasa ahora porque la covid persistente tiene síntomas muy difusos. Y las nuevas bajas no pueden ser otra vez por covid-19».

La asociación Long Covid entiende que la solución también pasa por la reducción y flexibilización del horario de los afectados en el caso de las altas, así como el teletrabajo en los oficios que lo permitan y la adaptación del puesto de trabajo para las actividades más físicas. «Entendemos que el abordaje de esta nueva enfermedad tiene que darse de manera integral, ya que, de un problema sanitario, se ha convertido también en un problema social y laboral que las autoridades responsables deben resolver sin demora, porque nuestros derechos nos amparan». Y lamentan que a la «mayoría» se les esté negando su derecho a ser curados y rehabilitados y se les «devuelva» a sus puestos de trabajo «enfermos y sin apoyo de ningún tipo».