VTLP volvía a criticar este martes "la falta de compromiso" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, al acusarle de mantener "siete meses de silencio" sobre la gestión de las alegaciones presentadas en relación con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Jonathan Racionero, concejal de VTLP, ha denunciado que el retraso "es fruto de un bloqueo político en el que el Partido Popular se deja arrastrar por las presiones de Vox".
En febrero de este año, durante el período de exposición pública para la aprobación de la ZBE, se recibieron 71 alegaciones al proyecto, y desde entonces, según Racionero, VTLP ha preguntado cada mes en las
comisiones de control y seguimiento al concejal responsable, Gutiérrez Alberca, sobre el estado de tales alegaciones. "Las excusas han sido variadas e inaceptables", señala. "Primero, nos dijeron que las
alegaciones estaban en valoración técnica. Luego, que había que esperar porque se cruzaron las vacaciones de verano, y ahora, tras siete meses, aseguran que siguen en valoración jurídica. Es una falta de seriedad total".
VTLP considera que la situación refleja el poder de influencia que Vox, socio de gobierno del PP, ha ejercido para frenar el proyecto. "En septiembre, la portavoz de Vox, la señora Carvajal, ya dejó claro que su intención era
negociar con el PP para reducir aún más las restricciones de la ZBE, un planteamiento que coincide con sus maniobras en Madrid, donde lograron frenar el proyecto de la capital", sostiene Racionero. "Es evidente que Vox
quiere imponer sus condiciones, y el PP está permitiendo que eso suceda".
En este contexto, el edil de VTLP subraya que "el compromiso de Alberca era llevar esta ordenanza al pleno de septiembre tras su paso por la comisión ordinaria", pero "no fue así y tampoco ha llegado en los asuntos de la sesión de octubre celebrada este martes", de modo que "ahora el equipo de Gobierno pretende convocar una sesión extraordinaria la próxima semana para poder llevar la ordenanza a un pleno a finales de octubre. "Lo que estamos viendo es una gestión a última hora que refleja desorganización y falta de compromiso. Cuando por fin se apruebe la ordenanza, quedarán menos de dos meses para informar a la ciudadanía antes de que entre en vigor el 1 de enero de 2025. No es tiempo suficiente para un proyecto de este calibre que afecta a todos los vecinos y vecinas de Valladolid", advierte Racionero.
Para VTLP, esta no es una situación aislada, sino un reflejo de la gestión general del equipo de gobierno. "El alcalde y su equipo están paralizados, sin un plan claro ni liderazgo para sacar adelante los temas clave para la ciudad.
Llevan más de siete meses sin resolver un asunto que afecta directamente a la calidad de vida de todos los ciudadanos, y la falta de compromiso es evidente", ha concluido Racionero. "Es momento de actuar y de dejar de ceder a presiones políticas que solo buscan bloquear el avance de la ciudad".