El restaurante Palacio de los Condes de Gamazo, el del antiguo casino de Boecillo, ha cerrado. Permanece sin actividad desde el 31 de enero y en principio, sin que se prevea a corto plazo. Los socios que lo sostienen, la mayoría de Madrid, aún deben reunirse para tomar decisiones, pero ya han cancelado reservas para eventos programados como mínimo hasta seis meses vista. Un portazo.

El conflicto ha cogido por sorpresa incluso a los sindicatos, que conocieron la noticia por este periódico. La plantilla no tenía representación sindical, según CCOO y UGT, que recuerdan que en estos casos el procedimiento habitual incluye la notificación del cierre a los sindicatos mayoritarios de cara al seguimiento de la liquidación, por lo que suponen que faltan pasos por darse. Y la empresa tampoco ha hecho pública su decisión, conocida por El Día por boca de algunos de los afectados por las cancelaciones, así como por otras fuentes próximas al negocio que advierten de impagos a proveedores y empleados. Esta redacción también ha intentado contactar con responsables del restaurante, sin éxito hasta ahora.

El Palacio de los Condes de Gamazo, que mantuvo la actividad hostelera tras el traslado del casino a los antiguos cines Roxy en 2015, pero desligado de este último negocio, se había erigido en un referente para bodas, comuniones y otros eventos sociales o empresariales. Y ahora, en un serio quebradero de cabeza para quienes se han quedado colgados después de que ya pagaran la reserva, que en principio ya se les habría devuelto. Las deudas pendientes, por tanto, afectarían a proveedores y empleados; en plantilla estable no llegaban a media docena, pero los extras podían superar el medio centenar según el tamaño de los eventos que atender, y en Navidad los hubo de más de 600 comensales.

Entre los más damnificados están quienes tenían reservadas comuniones, ya que se concentran entre mayo y el primer fin de semana de junio y la mayoría de establecimientos suele llenarse por reservas con más de medio año de antelación. «A nosotros nos informaron de que cerraban a mediados de enero, pero porque les llamamos para preguntar», asegura la madre de una de las niñas que comulga en mayo y que había reservado allí. Fue otra familia con banquete de comunión para el mismo día la que le advirtió de que había recibido una llamada del restaurante para cancelárselo; y tras esperar unos días, acabó llamando ella: «La empleada que era nuestro contacto se justificó diciendo que esperaba que esa otra familia nos avisara, no es serio», critica. «Dijo que los empresarios son de Madrid y que la única información que les habían trasladado era que los gastos no se ajustaban a los beneficios y tenían que cerrar, sin más».

«Pero la historia de todo esto empezó antes», advierte. Cuenta que pidieron reservar en junio de 2024, pero les instaron a esperar unos meses para formalizarla «porque se supone que no habían sacado todavía los menús de 2025», y así hicieron. Ya en octubre formalizaron el contrato y pagaron 500 euros de señal pero, apenas unos días después, llegaron las sospechas: «Una persona que también había ido a reservar por una comunión nos dijo que le habían prevenido del riesgo de que el restaurante no siguiera abierto para entonces, así que volvimos a contactar con ellos y les preguntamos, pero nos dijeron que era mentira».

Sin penalización para el restaurante por el plante a los clientes

La familia que aporta su testimonio ya ha recibido la devolución de la señal, «500 euros y cuatro o cinco de intereses». El contrato que firmaron recogía que, si el cliente cancelaba con más de seis meses de antelación, se le devolvía siempre y cuando «los espacios y servicios» reservados «volviesen a ser contratados de nuevo para esa fecha», según puede leerse; pero si el cliente cancelaba a menos de seis meses vista, perdía la señal «por los daños y perjuicios». Sin embargo, en caso de cancelación por parte del restaurante, éste no se comprometía a abonar ninguna penalización, y la única mención era para protegerse, ya que «en caso de fuerza mayor, tal como huelga, incendio o cualquier otra causa así considerada (…) podrá cancelar el servicio contratado sin más responsabilidad que la de notificar la decisión». Y ahora Valladolid pierde un establecimiento de referencia con un portazo sordo que todavía dará que hablar.