La victoria en las últimas elecciones municipales del Partido Popular ha abierto un melón que ya se encontraba cerrado en Valladolid. El alcalde y su equipo de gobierno defendieron claramente que el eje angular de su proyecto municipal era el soterramiento del ferrocarril y desde entonces insisten en cambiar el rumbo mantenido en los últimos siete años sobre un integración en superficie que ya ha culminado varias obras y que cuenta en los próximos meses con licitaciones de otras actuaciones por un importe superior a los 50 millones de euros. El empeño de Carnero y los populares por volver a un proyecto que ya se desterró en 2017 por su inviabilidad económica no ha dado frutos de momento, pero aún así es una opción abierta y que merecería un análisis serio y concienzudo antes de adoptar una decisión que debería ser definitiva.
Tras unos meses en los que el alcalde ha apelado casi semanalmente al ministro de Transportes y anterior regidor de la capital del Pisuerga, Óscar Puente, para sentarse en una mesa a debatir las posibilidades de un proyecto que permita el paso de los trenes de forma subterránea por Valladolid, el momento llegó y no parece que haya sido positivo. Las posturas están más lejanas que nunca y todo indica que no existe margen para ninguna negociación. Puente se ha cerrado en banda tras exhibir un estudio que demuestra la complejidad técnica y el enorme presupuesto necesario para realizar un soterramiento con garantías de seguridad y de desarrollo futuro del tráfico ferroviario que pasa por la ciudad. En el otro extremo, Carnero insiste en su cruzada de cambiar el convenio firmado y apoyarse en la Mesa del Soterramiento para reclamar un segundo informe que confirme o rectifique los aspectos técnicos y económicos del realizado por los técnicos y profesionales de Adif.

Estamos en una encrucijada de la que habrá que salir pronto. Y lo ideal sería alcanzar un consenso para seguir un camino que marque el futuro de Valladolid, pues tampoco se puede esperar mucho sin hacer nada. Desde luego, en este momento de análisis, debate y toma de decisiones no caben los órdagos o las amenazas de romper la baraja, como hizo el ministro en su comparecencia del pasado viernes ante los medios, si no se aceptan las reglas de una de las partes. Hablar, argumentar, negociar e incluso convencer deberían ser herramientas suficientes para avanzar hacia una integración aceptable, aunque no pueda ser la ideal. En este escenario, no cabe el ultimátum de Óscar Puente a aceptar la solución en superficie, tal como venía realizándose en los últimos años y con proyectos ya muy avanzados, o disolver la sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Evidentemente, el soterramiento siempre será la mejor opción teórica para la ciudad y para los habitantes de los dos lados de la vía. Sin embargo, en la práctica hay que tener en cuenta inconvenientes o problemas de tipo técnico, que los hay y especifica claramente el informe de Adif -aunque todo sea salvable-, y los económicos, que también son muy importantes especialmente para quien debe aportar un mayor porcentaje de la obra. El estudio oficial cifra en 1.750 millones de euros la alternativa soterrada y en 350 millones la continuación de los proyectos para una integración en superficie moderna y adecuada al siglo XXI. Si esto se confirma por parte de un segundo informe, que reclama el Ayuntamiento y los colectivos agrupados en torno a la Mesa del Soterramiento y no debería rechazar el Ministerio, parece inviable asumir un presupuesto tan elevado, no solo por parte de la Administración del Estado que debería financiar la mayor parte, sino incluso por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento que se endeudarían durante muchos años.

Se podrían tener en cuenta muchas variantes y factores. Incluso se podría optar por mirar hacia un futuro lejano para decidir que el soterramiento es la mejor opción, con el peligro que supondría no ver la obra finalizada antes de 2040 o 2050, pues la experiencia que tenemos con otras infraestructuras no es muy halagüeña. En todo caso, habría que adoptar una solución definitiva antes de que concluyera 2024 -por poner un plazo-, pues corremos el peligro de que se frenen actuaciones y proyectos ya casi listos y preparados, solo este año podrían licitarse varios de ellos por un importe superior a los 50 millones, sin que existan posibilidades de modificar el convenio para adaptarlo al soterramiento. Que se hagan los estudios necesarios, que se reúna la sociedad Valladolid Alta Velocidad todas las semanas, si es imprescindible, pero que esta decisión no se eternice, pues nos estamos jugando el futuro, y el comienzo es hoy.