El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, anunció en febrero una modificación "puntual", una posibilidad recogida en el propio reglamento orgánico, que el equipo de Gobierno entiende que "no requiere" el nivel de consenso que se ha tenido en cuenta en modificaciones precedentes, para legalizar la figura del bautizado como 'alcalde B'.
Esta modificación, que ya está en exposición pública, recoge las "consideraciones" de la sentencia que anuló la creación de la plaza de director general de Coordinación de Políticas Públicas (alcalde B) y, de esta manera, dar "seguridad jurídica" a este cargo creado hace más de año y medio. En la nueva redacción del articulado del reglamento se justifica la modificación "en el interés general" y se vincula a "las destacadas funciones de la Alcaldía" para el mejor funcionamiento de la organización municipal. En el texto, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se afirma que ayudará al establecimiento de las condiciones organizativas y funcionales más adecuadas para la mejor prestación y mayor sostenibilidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, posibilitando un superior impulso de la Alcaldía a la ejecución de las políticas públicas municipales y también una mejor evaluación y control de los resultados de estas.
Un cambio que busca atender a la sentencia, donde se dejaba claro que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento aprobado en el año 1996 no amparaba la creación de un puesto de trabajo en el Área de Alcaldía, el director/a de coordinación de políticas. Y donde también se reconoce la posibilidad de que el recurso de casación a la misma "no se tenga por preparado o, de acordarse lo contrario, no se llegue a admitir o que admitido no se llegue a estimar".
El alcalde apuntó en febrero que esta modificación será un trámite más simple dirigido a "dar cobertura y seguridad jurídica" al puesto de director general de Coordinación de Políticas Públicas, creado en el año 2023 y que ocupa desde octubre de ese año Indalecio Escudero, quien ya había trabajado junto al actual alcalde tanto en la Diputación de Valladolid como en la Junta de Castilla y León.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se incluía la creación de la plaza de Coordinador fue recurrida por el Grupo Municipal Socialista y, en primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimó las pretensiones del PSOE, que elevó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL).