El reconocimiento del Estado Palestino supone otra sacudida sin precedentes en la política exterior española, en la que nuevamente el Parlamento, la sede de la soberanía nacional, permanece marginado y ajeno, asistiendo como espectador a una estrategia de hechos consumados mientras pilares fundamentales de la presencia internacional del país se ven significativamente alternados.

La solución de los dos estados es ampliamente respaldada por las fuerzas políticas españolas, que se pronunciaron en este sentido en 2014 durante el mandato de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno tiene constitucionalmente la potestad de dirigir la política exterior según sus convicciones y está en su derecho de dar un paso, más simbólico que efectivo, en el que ya está situada la mayoría de la Comunidad Internacional -143 estados- aunque países muy relevantes como Francia, Alemania y, por supuesto, Estados Unidos muestren más que recelos.

Aún cuando pueda haber un debate sobre la oportunidad de esta decisión, meses después de un ataque indiscriminado y cruel de Hamás y en medio de un conflicto sangriento, hay argumentos para sostener el cronograma del reconocimiento, endureciendo así la presión sobre Israel para que cese las matanzas de civiles y lo que a todas luces parece una grave violación del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido también hurtar un debate sosegado sobre el alcance de su política exterior, tal y como hiciera con el cambio de posición sobre el Sahara. Lo hace aprobando el acuerdo en plena campaña electoral, un contexto en el que Pedro Sánchez se ha convertido en un maestro de atizar las emociones como combustible con el que enfrentar a la oposición y activar a los votantes.

El marco simplificador que tanto gusta al presidente, y que escenifica en el muro que separa a los buenos y malos, evita abordar las implicaciones profundas de una medida de este tipo. Entre ellas, cabe señalar una nueva ruptura de los intentos de la UE por coordinar su política exterior, ahondando en los elementos divisivos de esa posición común o la imposibilidad de que España pueda ser un actor en el futuro para la búsqueda de soluciones, tal y como lo fue en los años 90 con la Conferencia Internacional de Paz de Madrid, liderada por Felipe González.

En definitiva, el Gobierno de una potencia media como España con tendencia a perder peso en el contexto internacional debería hacer todos los esfuerzos posibles por dar solidez a su acción exterior intentando sumar la mayoría de las tendencias políticas internas. Un estadista se diferencia de un gobernante por ser capaz de excluir de las estrategias partidistas a las políticas de Estado, aún cuando las urgencias electorales inviten a ello.