La nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por la que este año todos los ayuntamientos cobrarán una tasa de basuras, también establece la obligación de implantar la recogida separada de los residuos orgánicos. Un servicio que funciona desde hace bastantes años en la capital, donde hay desplegados contenedores específicos y camiones de recogida, pero que ahora se debe implantar, casi en tiempo récord, en la mayoría de las localidades de la provincia.

En el caso de Boecillo, Cabezón, Laguna, Santovenia y Viana, que junto con la capital formaban parte de la mancomunidad Tierras de Valladolid, funcionará antes de que acabe el año. Al menos, esa es la previsión de los ayuntamientos, que harán una aportación inicial de más de un millón de euros para dotarse de los medios necesarios, mientras que la de Valladolid sube hasta los 1,6 millones. Aunque la inversión para actualizar el sistema a las nuevas necesidades superará los 5,2 millones, de los que 3,7 millones procederán de fondos europeos.

Esta mancomunidad se disolvió recientemente, y se acordó delegar estas competencias en la Mancomunidad de Interés General de Valladolid (MIG), donde hay otra veintena de localidades. Pero  han decidido mantener ese vínculo específico dentro de la MIG para que sus vecinos se beneficien, entre otras, de la subvención europea. Esta partida servirá para financiar el suministro de contenedores de polietileno de carga lateral, cerraduras para los de orgánico y cubos domésticos para distribuir a los vecinos.

 Lo más novedoso es la apuesta por comprar 2.752 cerraduras de contenedores para residuos orgánicos, que solo se podrán abrir con una tarjeta ciudadana o una app. Una tecnología con un coste superior a los 3,5 millones de euros y con un compromiso de implantación «de forma progresiva en las diferentes zonas de la mancomunidad, a partir de un plazo de seis meses desde la formalización del contrato». 

Este mecanismo de identificación, que ya funciona en otras ciudades españolas, servirá para aplicar después bonificaciones en la tasa de basuras a los empadronados que reciclen correctamente. Una opción que en la capital ya se ejecuta, por ejemplo, a los residentes que opten por compostar en sus hogares los residuos orgánicos. En este caso, los interesados pueden inscribirse a través de la web municipal y así optar a una bonificación en la tasa del próximo año.

En el caso de las tarjetas identificativas, la previsión que tienen los consistorios contempla la distribución de unas 100.000, que se serigrafiarán con un código del usuario y la dirección de la vivienda o establecimiento comercial que realiza el depósito de residuos.

Más inversiones

De hecho, la subvención de 3,8 millones de euros de fondos europeos a estos seis municipios de la MIG servirá no solo para comprar cerradura, también para pagar parte de los 380.000 euros que costarán los 380 contenedores de descarga lateral de 2.200 litros de capacidad y 20.175 cubos domésticos de biorresiduos para distribuir entre los vecinos, que se valoran en otros 62.145 euros.

En el convenio firmado entre los municipios se detalla que el coste de la recogida de orgánico supondrá un gasto de 126.345 euros al Ayuntamiento de Boecillo, mientras que para Cabezón será 112.408. Laguna de Duero deberá destinar 666.628 euros, Santovenia 136.313 y Viana 66.304.

Los fondos europeos también se destinarán para la compra de tres camiones, con un coste de más de un millón de euros. El Ayuntamiento de Valladolid acaba de incorporar otros cuatro gracias a la cofinanciación de la Junta, en el marco del Fondo de Cooperación Económico Local General. 

La implantación de este servicio de recogida de residuos orgánicos se completará con una campaña de información. Hasta ahora, era el Ayuntamiento de Valladolid el encargado de la prestación de este servicio a estos cinco municipios, pero sin separación de residuos. Pero hace meses advirtió de la imposibilidad de seguir prestándolo.  Por eso, se acordó licitar un contrato para que una empresa externa lo asuma, lo mismo que pasa ahora con la compra de contenedores específicos.

Convenio para la señalización vial y movilidad

Los 25 municipios que conforman la Mancomunidad de Interés General de Valladolid (MIG) también han firmado un convenio en materia de movilidad. Esta vez el objetivo es la instalación de señales luminosas solares para pasos de peatones, reforzando la seguridad vial en los núcleos urbanos.

Cada municipio recibirá un mínimo de cuatro señales (salvo La Pedraja de Portillo, con dos), equipadas con tecnología LED y alimentación solar. Esta actuación se financia con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de 2024, convocado mediante Orden de 25 de abril de 2024, de la Consejería de la Presidencia.

La inversión prevista se fijaba en un total de 223.353 euros y el coste a asumir por los ayuntamientos mancomunados es de 55.838 euros, por ser la subvención estimada por importe de 167.515 euros. La contratación, suministro e instalación de las señales correrá a cargo de la propia MIG, mientras que los municipios asumirán los costes de mantenimiento.

El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, y se ajusta a la normativa vigente en materia de colaboración interadministrativa, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Además, contempla la creación de una comisión de seguimiento para garantizar su correcta ejecución.