La Audiencia de Valladolid celebra juicio este lunes, 14 de octubre, contra un varón, cuya identidad responde a las iniciales J.A.S.G, quien en 2018 fue una de las cuatro personas beneficiadas por el testamento de un nonagenario y que, presuntamente, aprovechó su condición de tutor del anciano para extraer hasta un total de casi 140.000 euros de las cuentas que el fallecido había dejado al resto de legatarios.

En su escrito de calificación provisional, Fiscalía de Valladolid tipifica la conducta del encausado como un delito de apropiación indebida en concurso de normas con un delito continuado de administración desleal, en ambos casos en cuantía superior a 50.000 euros, con la atenuante de reparación del daño, y solicita una condena de tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 540 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el capítulo indemnizatorio, la acusación pública pide que el encausado y su esposa, como responsable civil subsidiaria en calidad de beneficiaria a título lucrativo, abonen a los tres perjudicados las distintas cantidades que fueron despatrimonializadas de sus respectivas cuentas bancarias de forma ilícita.

Los hechos tienen su origen en el testamento de un hombre de 90 años a favor de cuatro herederos, entre ellos el acusado, quien aprovechando que el nonagenario se hallaba ingresado en el Río Hortega de Valladolid logró que el 23 de enero de 2018 le otorgara a su favor poder notarial que confería, entre otras facultades, disponer de las cuentas de sus cuentas bancarias, para más tarde, en septiembre de 2018, ser nombrado tutor tras una sentencia judicial que declaró incapaz al anciano, quien fallecería el 3 de febrero de 2021.

A partir de las facultades y poderes obtenidas de su familiar, siempre según la tesis de la Fiscalía y entre el 18 de enero y el 19 de febrero de 2018, el acusado comenzó a extraer diversas cantidades de las cuentas de los otros tres legatarios del testamento que hizo suyas y en otras ocasiones transfirió cantidades de las mismas a la suya propia que le había dejado el anciano.

Finalmente, en su condición de tutor, ordenó que los recibos de asistencia y estancia del anciano en el Centro Benito Menni, por importe de 108.000 euros, fueran cargados en la cuenta de uno de los otros tres herederos, precisamente para evitar la merma patrimonial de la cuenta de la que era legatorio.

Aunque no consta que la esposa del acusado tuviera intervención en estos hechos, la acusación pública entiende que resultó beneficiada de los mismos a título lucrativa, de ahí la decisión de sentarla también como responsable civil subsidiaria.