En un mes se decidirá el futuro de la integración de las vías del tren en la capital. Ese es el plazo que ha dado esta mañana el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León para "desbloquear" la ejecución de las obras previstas en el convenio de 2017 y si no disolver la sociedad que lo gestiona. En la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio de los socios de la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV) para supervisar el cumplimiento  de dicho acuerdo, Adif ha presentado un requerimiento para que ambas cumplan con sus obligaciones.

En el encuentro telemático, en la que ha estado presente el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, pero no el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha dado un plazo de un mes a ambas instituciones y se ha recordado que en caso de incumplimiento habrá "concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio".  "Quiero subrayar mi absoluto estupor por la ausencia del alcalde, que en varias ocasiones ha solicitado esta reunión. De hecho, la convocatoria se hizo precisamente porque lo solicitaba el Ayuntamiento. Esto lo primero que pone de manifiesto es el doble lenguaje y el nulo compromiso del alcalde con la operación de integración ferroviaria y con la operación del soterramiento del ferrocarril", apunta Puente. 

El requerimiento recuerda que cualquiera de los socios podrá notificar "la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones y compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, y a las demás partes firmantes". Esto implica que si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, que es de un mes, "persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto".  "El Ayuntamiento de Valladolid tiene una clara actitud de obstruccionista para no cumplir con el convenio y, por tanto, el Ministerio no puede seguir ya soportando los constantes incumplimientos", advierte el ministro.

Órdago de Puente a Carnero: un mes para integrar o disolución

Aunque el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, negó los incumplimientos y aseguró que "se ha demostrado punto por punto como el Ayuntamiento está cumpliendo todos los compromisos que están adquiridos con la sociedad". "Es mentira y por ahí no hay caso", razón por la que calificó la reunión como una "sorpresa e inconcebible". El edil pidió al ministro de Transportes y Movilidad que deje de lado las "amenazas".

Una advertencia de disolución y asunción de deuda que implica que el Ayuntamiento para frenarla tiene ingresar su aportación anual, además de cumplir con sus obligaciones en los pasos pendientes de licitar, en la reurbanización de la calle Salud y en la regularización del suelo de los talleres de Renfe. "El Ministerio no está dispuesto a que el alcalde de Valladolid juegue con él; puede jugar con la ciudad y con sus vecinos, algo que me duele profundamente, pero no va a seguir jugando con el Ministerio porque las relaciones entre las instituciones se rigen por los principios de buena fe y lealtad, y más cuando lo que hay de por medio es un convenio", reitera el ministro.

Requerimiento

Por un lado, se exige al Consistorio el ingreso de su aportación anual de 11 millones de euros, que hasta el momento se ha negado a ingresar porque el alcalde, Jesús Julio Carnero, entiende que la sociedad VAV tiene en caja suficientes fondos, aunque el convenio exija el pago anual.

El segundo punto que conlleva cumplimiento en el plazo de un mes son "las obligaciones relativas a las actuaciones en los tres pasos de Ariza, que están pendiente de varias aprobaciones y trámites municipales. Además, se requiere la misma diligencia del Consistorio para la actuación de mejora y ampliación del paso peatonal de San Isidro, junto con el proyecto de urbanización de la calle Salud. En el requerimiento también se incluye el mismo plazo para que el Ayuntamiento aporte la titularidad de los suelos del nuevo complejo ferroviario en el Páramo de San Isidro.

Además, Adif también ha requerido a la Junta de Castilla y León para que pague su cuota anual en la sociedad, que es de 8,2 millones de euros.

Diálogo

El concejal de Urbanismo apuntó que se ha solicitado "diálogo" para que dadas las circunstancias actuales, que son distintas a las de 2017, se abra un "turno para estudiar la alternativa de la mano del informe que encargado para ver la posibilidad real del coste, de los tiempos del soterramiento y su comparación con la integración en superficie", aunque añadió que este diálogo "no lo quieren y no van a variar".

Así, el ministro ha puesto sobre la mesa que "no tienen ninguna intención de modificar el convenio actual", es decir, "no habrá diálogo, por lo que se buscará la manera de seguir trabajando para que todos los vallisoletanos entiendan que habrá que luchar y estar convencidos de que este propósito es posible". Además, cargó contra la "cerrazón" de un ministro, donde su "falta de diálogo es el que nos quiere poner contra las cuerdas", aseguró Zarandona.  "Ministro, por favor, no amenace", reclamó.

Por contra, Puente reitera que a esta situación se llega porque Carnero "aboca a la ciudad a la nada". "El soterramiento no se va a producir, ya hemos dejado clara las razones técnicas y económicas que lo hacen inviable: la única posibilidad es que se continúe con la integración", subraya