El Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por el Partido Socialista, retiraron hoy las acusaciones contra el empresario Alberto Esgueva, exdirector de internacionalización de la Agenda de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE), en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el 'caso Perla Negra.
Según la petición inicial de la Fiscalía, este empresario se enfrentaba a una pena de seis años por un delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias, mientras que la acusación popular pedía 34 años de cárcel y 105 de inhabilitación, además de una multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial, tal y como informa la Agencia Ical.
Cabe recordar que en su declaración ante el tribunal, Alberto Esgueva Gutiérrez, negó cualquier relación profesional con Martín Giraldo y aseguró que no tuvo ninguna relación con Urban Proyecta cuando se decidió la operación del edificio de Arroyo ni en la compra de parcelas del malogrado polígono industrial de Portillo. Además, indicó que en el año 2003 vendió su participación en San Cayetano y que en 2006 se marchó a vivir fuera de España.
A excepción del caso de Alberto Esgueva, la Fiscalía, que mantiene las penas, ha elevado a definitivas el resto de sus conclusiones y sostiene que el estudio de arquitectos Lamela tuvo a su disposición el pliego de condiciones para el alquiler, con opción de compra, de un edificio de oficinas, que fue remitido por correo electrónico por Ángel Román Montes, gerente de Urban Proyecta, con anterioridad a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
También sostiene la fiscal que el 19 de julio de 2006 Gesturcal, representada por su consejero delegado, Juan Carlos Sacristán, y Urban Proyecta, representada por German José Martín Giraldo, firmaron el contrato de alquiler del edificio de Arroyo sin que el consejo de administración de Gesturcal hubiera tenido a su disposición un informe al respecto que se había requerido.
Además, en relación a la operación del malogrado polígono de Portillo, la fiscal mantiene que, como en el caso del edificio de Arroyo de la Encomienda, los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, antes de informar públicamente de la estrategia de desarrollo de este polígono, pusieron en conocimiento de los socios y administradores de Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos la Bureba que Gesturcal mostraría interés por adquirir terrenos en la zona y también que, lejos de acudir a la compra directa a los titulares de los terrenos, lo haría a través de estas sociedades.
Conclusiones
Mientras tanto, la acusación particular, ejercida por la Junta, también elevó a definitiva sus conclusiones, aunque matizó que en el año 2009 tanto Rafael Delgado, como consejero delegado de Gesturcal, ni Begoña Hernández, como presidenta de la sociedad en su condición de viceconsejera de Economía, abonaron dos facturas no dieron cuenta del pago de dos facturas por valor de 2,5 millones al consejo de administración, cuando dos días después se acordó la compra del edificio de Arroyo.
Desde la acusación popular, además de retirarse la imputación de Alberto Esgueva, también se retiró las acusaciones por delitos de fraude a la administración, de cohecho y organización criminal, por lo que rebaja notablemente su petición de penas inicial. Así, para Rafael Delgado reclama una pena de cárcel de 13 años por un delito continuado de revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos, cuando inicialmente solicitaba 34 años. Por su parte, para Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán y Salvador Molina pide una pena de ocho años de cárcel por malversación, mientras que para el resto de acusados reclama cuatro.
"Mala fe" y "temeridad"
Por otra parte, a excepción de las defensas de Rafael Delgado y Begoña Hernández, el resto reclamaron que se imponga a la acusación popular el pago de las costas. En este sentido, el abogado de Alberto Esgueva alegó que la acusación ejercida por el PSOE actuó con "temeridad" y "mala fe".
Desde la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. El Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el segundo exdirector financiero de esta empresa pública, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel.
Además, pide seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.
La Fiscalía cifró en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta. En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.
Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros. El juicio se retomará el próximo 6 de mayo, a partir de las 9.30 horas.