El PSOE denuncia que Carnero designe a un "alcalde B"

D.V.
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El Grupo Municipal Socialista afirma que la figura del director de Coordinación conlleva un gasto de 156.762 euros

Puente advierte del "boicot" a la integración ferroviaria

El PSOE de Valladolid a valorado la desingación del actual viceconsejero de administraciones públicas y atención al ciudadano, Indalecio Escudero, que será el nuevo coordinador de Políticas Públicas del Consistorio. Destaca que ha sido "por sorpresa" este nombramiento en el político de la Junta que ya desveló y que será el "alcalde B". 

En una nota de prensa, el PSOE local ha indicado que la persona que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha designado como número 2 del equipo de gobierno en el Ayuntamiento a una persona que no ha sido elegida por los ciudadanos. El nuevo órgano creado por Carnero, como es la dirección de Coordinación de Políticas Públicas, será ocupado por "un político nombrado a dedo" y que cobrará 85.534 euros al año.

Para los socialistas, esta decisión también "denota desconfianza" hacia sus concejales porque delega competencias que en el anterior mandato Óscar Puente tenía distribuidas entre los ediles de su equipo de Gobierno. "Alcaldía hay, lo que no tiene Valladolid es un alcalde. La decisión que ha adoptado hoy la Junta de Gobierno avala esta afirmación, esta falta de compromiso de Carnero, con una desidia alarmante", según ha afirmado el presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente. 

El PSOE ya había denunciado ante la opinión pública esta "alcaldada" de Carnero. El pasado 18 de agosto, Puente anticipó el nombre y apellidos de la persona que ha sido escogida para el cargo: Indalecio Escudero Parrilla. Los socialistas indican que es un hombre de la máxima confianza de Carnero que le acompañó como número dos durante su paso por la Junta de Castilla y León, como consejero de la Presidencia, y que ya fue jefe de gabinete del regidor cuando era presidente de la Diputación Provincial de Valladolid.

El partido de la oposición, señala que se trata de una "decisión arbitraria del PP", supone un coste de 156.762 euros para las arcas públicas del Ayuntamiento de Valladolid, al sumar los gastos de Seguridad Social, dado que al "director" se le dota también de otro cargo de secretario. Por tanto, los socialistas reiteran que no se crea un órgano a "coste cero" para las arcas públicas, como dijo Vox, "con la primera teniente de alcalde desautorizada no solo en sus palabras, sino en el nuevo organigrama de la Administración Municipal".

El Grupo Municipal Socialista critica el "paripé que ha protagonizado el alcalde al convocar un proceso de selección cuando ya sabía de antemano a qué persona iba a contratar". El PSOE insiste en que el resultado es que 14 de los 15 aspirantes que presentaron el currículum "han sido engañados con esta farsa".

Toma la Palabra

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la capital, Rocío Anguita, ha criticado el nombramiento este lunes del todavía viceconsejero de Administraciones Públicas de la Junta de Castilla y León, Indalecio Escudero, como director de Coordinación de Políticas Públicas de la Alcaldía, lo que ven como un "fraude democrático" y un "alcalde en B".

Anguita, que ha recordado que "algunos" ya anunciaron hace tiempo que Escudero sería la persona que se nombraría como director de Coordinación, ha aseverado que con su nombramiento "se consuma el mayor atropello a la democracia realizado en el Ayuntamiento".

La portavoz de VTLP considera que se le ha elegido "a dedo" para realizar funciones "de teniente de alcalde que no ha sido elegido por la ciudadanía, que no es concejal electo, tal y como establece el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid".

Anguita ha añadido que las competencias que delega en este nuevo puesto son "competencias ejecutivas y políticas, no administrativas" por lo que entiende que solo deberían ser ejercidas por concejales con un área asignada.

En definitiva, considera que "es una perversión de la democracia elegir a dedo a personas para ejercer competencias asignadas a la alcaldía, aunque sea a un funcionario de alto nivel", de modo que lo ven como "un fraude democrático y político en toda regla, aunque sea legal".