El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado el retraso en la adjudicación del nuevo contrato de Ayuda a Domicilio, cuyo proceso ha tardado diez meses después del inicio del expediente y de que el gobierno municipal liderado por Óscar Puente lo dejara "encauzado", si bien ha avisado de que puede quedar "obsoleto" en cuanto a la demanda o las tecnologías que se puedan del aplicar al servicio.
A pesar de ello, la edil socialista Rafaela Romero ha señalado que los socialistas se "alegran" de que el contrato de Ayuda a Domicilio sea una realidad, pero ha lamentado las consecuencias de la parálisis que se ha producido en un tema "esencial" de los servicios sociales que se prestan desde el Ayuntamiento de Valladolid.
"Es un ejemplo de la mala gestión del equipo de gobierno PP-Vox, que no entiende que las personas nunca deben sufrir las consecuencias de una decisión política; mejor dicho, de la falta de decisión porque en el anterior mandato dejamos la solución preparada", ha lamentado la concejala.
También ha recordado que el expediente del nuevo contrato se inició el 13 de abril de 2023 y el pliego de condiciones técnicas fue firmado el mismo día.
El 5 de mayo se pronunció positivamente la Asesoría Jurídica: "Examinado el contenido del expediente el mismo se ajusta en líneas generales a lo dispuesto en la normativa de aplicación por lo que se informa favorablemente".
El 31 de julio se aprobó en Junta de Gobierno el expediente de contratación. Son fechas que, para la edil socialista, "acreditan que el trabajo estaba realizado y, además, de forma correcta por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, con la licitación Página 2 de 4 preparada".
Por este motivo, ha achacado la responsabilidad de que se haya dilatado el proceso al actual equipo de gobierno.
Además, el Grupo Municipal Socialista ha valorado otro acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno, que ha dado el visto bueno al contrato del albergue municipal para los próximos tres años adjudicado la UTE formada por las empresas Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A. y Fundación INTRAS.
A este respecto, los socialistas consideran "positivo" que siga el contrato con la empresa actual, aunque el inmueble de La Victoria no es el lugar idóneo para prestar este servicio a personas sin hogar.