En los últimos días, Pedro Sánchez ha acordado con Bildu derogar la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, condición que ponía el grupo abertzale para mantener su apoyo parlamentario al líder del Gobierno. 

Apenas unas horas antes del anuncio que hizo en el Congreso Mertxe Aizpurua, se conocía la excarcelación de varios presos etarras condenados por su participación en los asesinatos del exvicelendakari Fernando Buesa, socialista; del concejal del PP en Málaga, Martín Carpena, y del fiscal destinado en esta misma ciudad, Luis Portero. 

El Ejecutivo de Sánchez, en 2021, cedió las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. Siempre se consideró esa cesión como una exigencia del PNV para mantener su apoyo al PSOE, pero hace poco más de un año, Andoni Ortúzar afirmó que había sido Bildu el que puso ese asunto en la mesa negociadora. La confesión del presidente del PNV fue especialmente significativa porque su principal preocupación era la subida espectacular del voto de Bildu, que podría acabar con las décadas en las que su formación era la incuestionable ganadora de las elecciones vascas.

Ayer, The Economist, uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo, no solo por sus análisis e informaciones económicas sino también por los artículos relacionados con la política internacional, daba cuenta de algunas de las polémicas que se vivían en España por decisiones de Pedro Sánchez muy cuestionadas incluso por personas destacadas de su propio partido, y ponía en duda el respeto a la democracia ante las decisiones que tomaba para mantenerse en el poder.

Déficit democrático

El punto de inflexión que ha provocado que no solo los medios de comunicación españoles -excepto los afines al Gobierno- expresen su preocupación con la deriva de las cesiones socialistas a las exigencias de sus socios, solo hay que buscarlo en la declaración que hizo Sánchez en la última reunión del Comité Federal, hoy limpio de críticos. Únicamente se mantienen los cargos electos regionales, cuando manifestó que llegaría hasta el final de su mandato presidencial con o sin el legislativo. Una declaración de demostraba abiertamente que le importan poco las normas que rigen en democracia. 

Tampoco le importó hacerse con el control de las instituciones del Estado, rompiendo con la norma no escrita de pactar las direcciones con el principal partido de la oposición, ni le importó colocar al frente de alguna de ellas a personas con carnet del PSOE o que habían ocupado cargos relevantes en los gobiernos socialistas. El último nombramiento ha sido el del exministro José Luis Escrivá al frente del Banco de España. Una decisión tan controvertida, que el PP se negó a blanquear la designación y renunció a nombrar al vicepresidente de la máxima autoridad bancaria española.

Se comprende la inquietud generalizada que provocan las decisiones de un jefe del Ejecutivo que traspasa todos los límites aceptables, un dirigente que, incluso, se ha saltado las líneas rojas que se había marcado él mismo. Se recuerda estos días la respuesta que dio, antes de ser presidente, a un periodista que le preguntaba si estaría dispuesto a negociar el apoyo de Bildu en el caso de que en un futuro necesitara sus votos. Ya había dicho que jamás negociaría con los abertzales y en un tono de enfado reiteró «y si quiere se lo repito cinco y 20 veces». Pues no solo ha negociado sino que ha cedido, hasta ahora, la política penitenciaria y, desde el pasado jueves, la llamada Ley Mordaza, el último peaje al que siempre se resistía el líder socialista. Según sindicatos y portavoces de Policía y Guardia Civil, les deja indefensos no solo para actuar con firmeza antes quienes provocan inseguridad, sino que rebaja el castigo a quienes faltan al respeto a las Fuerzas del Orden o desobedecen a la Autoridad. 

Lo peor, la humillación 

La lista de cesiones a partidos que ayudan a la gobernabilidad es larga, y destacan especialmente las mencionadas para lograr el apoyo de Bildu y las realizadas a los independentistas catalanes. Además de las que exigían los peneuvistas, habituados a negociar con todos los gobiernos anteriores, pero que no han ido tan lejos como Bildu, el partido que acoge a quienes apoyaron a ETA e, incluso, a quienes han sido condenados por pertenencia a esta banda terrorista. 

Una de las quejas que se escuchaban en portavoces sindicales de las Fuerzas de Seguridad cuando se conoció que Bildu había conseguido la promesa de derogación la Ley de Seguridad Ciudadana era que, a partir ahora en el País Vasco, recibirán órdenes de personas que habían jaleado o participado en atentados que segaron la vida a compañeros. 

En esa larga lista de cesiones a los independentistas, destacan especialmente los indultos a los implicados en los actos secesionistas, además de rebajar la pena del delito de malversación y derogar el delito de sedición. 

No conformes los separatistas, sobre todo Puigdemont que, desde su fuga vive en Waterloo con gastos sufragados con dinero privado pero también público español, exigía la amnistía para los implicados. Se aprobó la amnistía ad hoc, hasta el punto de que Junts negoció la redacción de la ley para que afectara a personas muy concretas, lo que hizo que se modificaran algunos aspectos del texto inicial antes de llevarla al Congreso. En medios socialistas, se asegura que entre los asesores se encontraría el propio Conde Pumpido. 

También cedió ante los independentistas para que se llevara a las instituciones europeas el uso del catalán, pero no va a salir adelante porque todas las lenguas regionales europeas exigirían el mismo trato. 

Desigualdad

 No satisfechos con los muchos logros, los secesionistas -en unos casos Junts, en otros ERC, hoy absolutamente enfrentados, todos se aprovechan de la excelente disposición de un Sánchez agobiado por lograr los apoyos que le garanticen su permanencia en la Presidencia y de ahí que presentaron su eterna reivindicación: un cupo igual al de los vascos. Siempre se negaron los sucesivos gobiernos, por lo que supone de desigualdad entre españoles, incluso, podría ser inconstitucional. No lo son los conciertos vasco y navarro, recogidos en la Constitución. 

Sánchez dio vía libre, y sus negociadores han intentado, sin éxito, presentar el acuerdo con Cataluña como singular, sin mencionar la palabra cupo ni concierto económico. Queda pendiente la aprobación parlamentaria, pero los independentistas han puesto una nueva cruz en la lista de exigencias, con una que colaron a última hora: la expulsión automática de los inmigrantes que entran ilegalmente. Importante cesión, que el propio Marlaska siempre negó asumir. Pero se ha hecho, como otras tantas cosas, sin que un solo ministro moviera un dedo para mantener posiciones que defendían con uñas y dientes y que han aceptado sin pestañear.

Lo último, de esta misma semana, es la promesa de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero habrá un suma y sigue.