El Comisionado de Transparencia y Procurador del Común, Tomás Quintana, recibió 517 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información y emitió 497 resoluciones a las administraciones, sin que se haya presentado ningún recurso judicial, lo que refleja "el bajo nivel de litigiosidad".

Tomás Quintana precisó que en lo que va de año ya computa 435 reclamaciones por lo que estimó que el número será superior en este año 2024, sí bien alertó de que más del 75 por ciento se presentan frente a la ausencia de una respuesta expresa o silencio en la petición de información realizada ante la administración por un ciudadano.

En la presentación de la Memoria Anual correspondiente al año 2023 ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes de Castilla y León, aseguró que la transparencia contribuye no solo a dotar de más calidad democrática al sistema, sino también a la mejora de la prestación de los servicios públicos.

El comisionado afirmó que ocho de cada diez sujetos que han sido requeridos han colaborado mediante la remisión de cuestionarios complementados y constató un alto grado de cumplimiento en las exigencias impuestas por la legislación en la publicación de información en el Portal Abierto de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, sugiere en la Memoria la actualización de la información, la claridad para utilizar en la medida de lo posible un lenguaje menos técnico y más sensible, incorporar gráficos que faciliten la información visual e incorporar un espacio específico para que las entidades del tercer sector puedan publicar su información.

También, abogó por vías de cooperación de las diputaciones provinciales y de la Junta para que los municipios más pequeños, ante la falta de recursos, puedan cumplir con las obligaciones de publicidad activa e información. Igualmente, reseñó un crecimiento del número de solicitudes de acceso a la información presentadas por los ciudadanos.

Resoluciones

En concreto, el porcentaje de las solicitudes de acceso estimadas expresamente por las administraciones ha sido del 81 por ciento, cinco puntos superior a la anterior memoria, es decir que ocho de cada diez solicitudes de información pública son calificadas, tramitadas y resueltas en vía administrativa, si bien este dato cae al 71 por ciento en el caso de la Administración autonómica, mientras que en las diputaciones provinciales y universidades se elevó al 82 y 89 por ciento, respectivamente.

La Comisión de Transparencia formuló 497 resoluciones, lo que supone, como detalló Quintana, el mayor número de las adoptadas en un año por esta institución, de las que 322 fueron estimatorias y 126 han supuesto la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación, de manera que en su conjunto 448 se termina obteniendo la información.

A mediados de julio, en que finalizó la elaboración de la memoria, se había cumplido el 61 por ciento de las resoluciones estimatorias de 2023.

Del total de 517 reclamaciones recibidas el pasado año, 236 tuvieron como destinatarios las consejerías de la Junta, donde destaca las dirigidas a Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (70), Sanidad (42) o Educación (29). Otras 219 se formularon por los ayuntamientos.

Por otro lado, el comisionado explicó que desde el inicio del funcionamiento de la Comisión de Transparencia en 2016 se han dictado casi 2.000 resoluciones, en concreto 1.932, de las cuales más de 1.070 han sido estimatorias, mientras que en otras 460 se declaró la desaparición del objeto por haberse obtenido la información en el curso de las actuaciones.