El medio rural de Castilla y León contará en los próximos años con un millar de viviendas de promoción pública destinadas a jóvenes con el objetivo de favorecer la fijación de población y la emancipación. La Junta sigue desplegando sus políticas de vivienda con este nuevo proyecto que se desarrollará hasta el año 2030 de la mano de las diputaciones provinciales y estará soportado por una inversión de 150 millones de euros. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargado de verbalizar ayer en Palencia este protocolo de actuación que incluirá una bonificación especial del 20 por ciento del precio del inmueble para los jóvenes menores de 36 años de la Comunidad. «El objetivo del Gobierno autonómico es ampliar el Parque de Viviendas Públicas de la Comunidad hasta alcanzar las 4.200 en los próximos años», señaló el presidente de la Junta durante el acto celebrado en Palencia junto al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los nueve presidentes de las diputaciones provinciales de la Comunidad para la firma de dos protocolos para apostar por la vivienda en el mundo rural «sobre todo para los jóvenes».

«Serán 1.000 viviendas hasta el año 2030 con una inversión total de 150 millones de euros y lo haremos de la mano de las diputaciones», explicó Fernández Mañueco, que detalló que la bonificación del 20 por ciento en el precio de la vivienda «se pagará a partes iguales entre las Consejería de Vivienda y las diputaciones». El coste de este descuento será de unos 30 millones de euros. El presidente de la Junta reconoció que se trata de una medida que el Ejecutivo autonómico ya ha testado con éxito en varios municipios, entre ellos, Aguilar de Campoo en la provincia de Palencia.

En este acto también anunció la incorporación de 88 viviendas de nueva construcción en los pueblos de Castilla y León para destinarlas a alquiler social. Esta actuación supondrá una inversión de nueve millones de euros y se desarrollará en el marco del programa 'Rehabitare'. «Se trata de medidas serias, eficaces y útiles para ayudar a las familias y sobre todo a los más jóvenes que se quieren instalar en el medio rural y que son un elemento determinante para fijar población y favorecer la emancipación», valoró Fernández Mañueco.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo autonómico hizo hincapié en la apuesta de la Junta por impulsar las políticas de vivienda «en un momento muy sensible» ante la falta de ellas en la Comunidad y para facilitar la compra o el alquiler «especialmente a los jóvenes y el medio rural». Asimismo, subrayó que los protocolos suscritos son «un magnífico ejemplo» de colaboración entre administraciones y «de la apuesta de la por el medio rural, con el objetivo de atraer actividad económica y empleo».

Fernández Mañueco recordó que estos dos acuerdos se suman a las medidas ya puestas en marcha por la Junta en materia de vivienda como, por ejemplo, las ayudas directas al alquiler de las que se benefician 19.000 personas, las ventajas fiscales, los avales o el Parque de Vivienda Pública. «Todas estas medidas ponen en valor que en Castilla y León hay una política de vivienda seria y eficaz para ayudar a todas las familias y, especialmente, a los jóvenes. Son políticas útiles para fijar población y para garantizar la emancipación», remarcó al tiempo que quiso recordar el programa que la Junta pondrá en marcha para asegurar que los arrendatarios reciban el pago del alquiler a cambio de precios más asequibles.

Una apuesta por las viviendas públicas para jóvenes del medio rural que el presidente ya significó el pasado viernes durante la firma de cuatro nuevos acuerdos en el marco del Diálogo Social con la patronal CEOE y los sindicatos. Allí, uno de los pactos apostaba por «facilitar la emancipación de los jóvenes» y apoyar a las personas vulnerables, «especialmente en el medio rural», a través de medidas como la ampliación del parque público de alquiler social con la puesta en funcionamiento de 1.600 nuevas viviendas hasta llegar a las 4.200 en 2027. 

«Es imperativo social el ofrecer soluciones»

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, en cuya sede se firmó el acuerdo, remarcó que Castilla y León atraviesa «un momento crucial donde la paradoja de la escasez de viviendas en un medio afectado por el reto demográfico nos exige actuar con determinación y creatividad». Por eso, dijo Ángeles Armisén, es «un imperativo social el ofrecer soluciones habitacionales adecuadas para revitalizar los pueblos y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras». «Hoy damos un paso firme para la construcción de un entorno más equitativo», destacó la presidenta de la institución palentina.