La Junta de Castilla y León ya tiene aprobada la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) para su personal funcionario que deja el número de 'sillas' a ocupar en 16.304, frente a los 17.792 de la anterior. «Era una auténtica necesidad», reconoció el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que recordó que la RPT que ahora se actualiza databa del año 1996, aunque ya se había intentado en dos ocasiones modificarla sin éxito tras sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia. El nuevo 'esqueleto' para organizar la función pública del personal funcionario al servicio de la Junta de Castilla y León estará compuesto por 16.304 puestos de trabajo, toda vez que se dan de alta un total de 1.823 y se amortizan 3.311. No obstante, actualmente solo 11.675 plazas están ocupadas en los servicios centrales y periféricos de todas las consejerías, además de en los puestos de funcionario de la Administración General en el Ecyl, el Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales. Las otras 4.500 «se irán ocupando en función de las necesidades futuras».

La actualización de la RPT servirá para que el 66 por ciento del personal funcionario –unas 10.706 plazas– vea mejoradas sus retribuciones gracias a la «homologación» de los puestos, para evitar disparidad de tipos de puestos para «idénticas funciones», que verán incrementado su complemento de destino y/o su complemento específico. Unos cambios que apenas se notarán en la factura final de las nóminas que tiene que abonar la Junta. Y es que, como detalló González Gago, el coste total –si estuvieran ocupados los 16.304 puestos– sería de 701 millones de euros al año, tres más que los 698 actuales: «Un porcentaje pequeño, muy limitado en cuanto al incremento».

Otra de las grandes novedades que acompaña a la nueva RPT, que entrará en vigor el 1 de octubre, es la posibilidad de que el personal de otras administraciones pueda ocupar puestos de difícil cobertura en zonas periféricas y ultraperiféricas de Castilla y León. Grosso modo, esto permitirá que los puestos en dichas zonas que se hayan quedado sin cubrir, puedan ser provistos de funcionarios de ayuntamientos o comunidades limítrofes, en el mencionado porcentaje, cumpliendo con lo acordado en los convenios firmados con dichas administraciones.

Estas plazas ultraperiféricas, que suman un total de 1.964 y que se reparten en 174 localidades menores de 5.000 habitantes y ubicadas a más de 50 kilómetros de distancia de municipios de más de 20.000 habitantes, también contarán con incentivos especiales para «favorecer su cobertura». En la misma línea, también tendrán una consideración especial los denominados puestos periféricos, todos aquellos ubicados fuera de las capitales de provincia.

Por último, y cuestionado sobre la bajada en el número final de puestos que contempla la RPT, González Gago reconoció que se trata de plazas que «llevaban mucho tiempo sin cubrirse»: «Había puestos que no se habían ocupado nunca porque no eran atractivos para los empleados públicos».

«Más eficacia» para los servicios públicos

El consejero de la Presidencia aseguro que con la aprobación de la nueva RPT, según argumentó el consejero, se pretende atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos. También se adaptan los nuevos puestos de trabajo a la nueva estructura orgánica de las consejerías y los organismos autónomos, tanto a nivel central como en los servicios periféricos de las provincias. Y es que, tal y como detalló, la nueva norma determina el número de puestos de trabajo que existen, las características de cada uno de los puestos, el cuerpo o categoría al que debe pertenecer cada empleado público para cada puesto, y sus retribuciones.

El PSOE rechaza la RPT

Una nueva relación de puestos de trabajo que fue criticada por la portavoz socialista en Función Pública, Yolanda Sacristán, que cuestionó su aprobación «sin que guste a todos» los sindicatos del Consejo de Fundación Pública o «más bien a casi nadie», al amortizar 3.311 puestos repartidos en todas las consejerías. «Mañueco no considera necesario tener más personal», dijo la portavoz socialista, quien además señaló que no se cubren las bajas o jubilaciones y se ofrecen las «peores» condiciones laborales y económicas del país. 

Sacristán arremetió contra la política de personal de la Junta, que aseguró se basa en el «desmantelamiento progresivo» de los servicios públicos, debido a los «recortes» acumulados desde 2008, las «privatizaciones», la falta de reposición de efectivos y el «adelgazamiento» de la administración, lo que supone «más carga de trabajo» para los empleados públicos. Además, advirtió de que en 15 años desaparecerá el 48% de las plantillas por jubilación.

La socialista señaló de esta forma que la Junta se niega a modificar el decreto que regula las bolsas de empleo, lo que les obliga a acudir a las oficinas de Empleo para contratar personal lo que para ella configura un «sistema opaco» y «falto de transparencia». También señaló no se han convocado los procesos selectivos todavía de las ofertas públicas de empleo de 2022 y 2023 y sólo cinco, de 29, de la de 2021. A su juicio, «si por algo se distingue Castilla y León es por el ataque y devaluación sistemática de la función pública».