Un año de la tragedia de Goya: sin casas y sin responsables

Óscar Fraile
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El juez determinó que la explosión fue un accidente, pero dejó abierta la puerta a un proceso administrativo que la Junta no inició por la imposibilidad de identificar a los culpables de las deficiencias en unos cambios en la instalación

Edificio del número 32 de la calle Goya. - Foto: Jonathan Tajes

Si uno se pone hoy enfrente del edificio del número 32 de la calle Goya, la estampa no es muy diferente de la que dejó la explosión de gas hace un año. Una estructura con parte de sus entrañas al descubierto, donde todavía resiste alguna lámpara chamuscada colgada del techo en una vivienda. Con persianas desvencijadas, ventanas rotas y marcas negras de humo en la fachada. En alguna terraza, armarios y un escritorio de madera. Lo poco que han dejado los ladrones que han entrado en los últimos meses a robar a los que se quedaron sin nada.

Son los restos de una explosión de gas que hace un año se llevó por delante la vida de una vecina, Teresa Bergondo, y dejó 14 heridos, además de muchas vidas partidas por la mitad. Aunque los trabajos de reconstrucción avanzan, los afectados tienen la sensación de que lo hacen a un ritmo muy lento. La administración del edificio les han trasladado que es probable que en diciembre puedan regresar a sus casas las primeras familias, pero ellos saben que estos plazos no siempre se cumplen. Desconfían. Y más cuando miran el estado actual del edificio, cuya reconstrucción está llevando a cabo la empresa Ezgonsa. Actualmente los trabajos están en una segunda fase de rehabilitación. Será en la tercera cuando intervengan vivienda por vivienda para ponerlas todas a punto.

Pero, de momento, muchos de los afectados siguen viviendo de alquiler. Durante este año ha sido el seguro de vivienda de cada uno el que se ha encargado de afrontar este gasto, pero todas las aseguradoras dejarán de hacerlo en breve, dado que esta cláusula tiene un año de duración. Ante esta situación, el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ofreció esta semana una rueda de prensa para avanzar que el Ayuntamiento ayudará a las personas que no puedan afrontar este gasto cuando se acabe la cobertura del seguro. Para hacerlo, durante las últimas semanas se han mantenido reuniones con las 15 familias realojadas para analizar su situación económica y sus alternativas habitaciones. «Nadie se va a quedar en la calle», garantizó el concejal. De hecho, el Ayuntamiento ya destinó 38.000 euros poco después del siniestro para pagar los hoteles a los vecinos que no tenían donde ir. El departamento jurídico municipal está estudiando ahora si es posible reclamar esa cantidad a las aseguradoras. De conseguir que se devuelva el dinero, iría destinado a la renta de los vecinos realojados.

Además de las ayudas para pagar el alquiler, el Ayuntamiento se ha comprometido a tramitar otras a la dependencia y relativas a los impuestos. Nieto señaló que desde la explosión no ha cobrado el recibo del agua a ningún vecino y así seguirá siendo hasta que vuelvan a casa. Y lo mismo sucederá con el IBI.

Actualmente la mitad de los vecinos afectados están viviendo de alquiler. El resto de casos son propietarios que, o bien tenían su vivienda vacía o la tenían arrendada a una tercera persona.
En diciembre del año pasado, cinco meses después de la explosión, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid archivó las diligencias abiertas por este caso al considerar que se había tratado de un accidente y no había ninguna responsabilidad penal. Lo hizo en base a un informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en el que se señalaba que la explosión fue accidental, pero el juez también apuntaba que la instalación había sido manipulada por alguien y carecía de una soldadura en un empalme, que es donde se originó la fuga que dio lugar a la explosión.

En su auto, el juez reconoció que no había indicios de delito, aunque también dejaba abierta la puerta a que existieran responsabilidades no penales. De hecho, el responsable de Instrucción 1 envió el informa a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León por si consideraba oportuno abrir un expediente administrativo. Pero lo cierto es que la Junta declinó esta opción por dos razones. La primera, la imposibilidad de identificar al sujeto responsable de una posible infracción. De hecho, en su auto el juez ya reconocía no había ningún registro sobre quién pudo hacer entre 2000 y 2012 las modificaciones que se llevaron a cabo en esa cocina, en las que se dejó ese empalme sin soldar. El segundo motivo por el que la Junta no inició la vía administrativa es porque, de haber algún responsable, la infracción habría prescrito, reconocen fuentes del Gobierno regional.

Así las cosas, los vecinos solo ansían ahora que se aceleren los trabajos de rehabilitación, volver a su casa cuanto antes y cerrar uno de los capítulos más duros de sus vidas.

«Fue una suerte que mi madre no estuviera en casa, porque si no...»

Alberto Solís vivió durante muchos años en el edificio siniestrado. Ya no lo hace, pero allí sigue residiendo su madre. O seguía, porque desde aquel fatídico 1 de agosto se tuvo que ir a una vivienda de alquiler, después de estar unas semanas con su hijo. Es un mal menor si se tiene en cuenta que las consecuencias pudieron ser mucho más graves. Precisamente ese día ambos estaban juntos en un pueblo de la provincia cuando les llamó una vecina para contarles lo que había pasado. Nervioso, sin perder un minuto, se montaron en el coche y fueron para casa. Media hora de viaje eterna, entre especulaciones de cómo podría estar su vivienda. Y cuando llegaron lo comprobaron: completamente destrozada. «No pude recuperar ni los apuntes de la carrera», bromea ahora Alberto frente al edificio. Durante el viaje estuvieron en contacto con su hermano, que vive cerca de la calle Goya y les fue contando en tiempo real lo que pasaba. «Y cada llamada, lo que nos contaba era peor... una pesadilla», recuerda.

El siniestro se produjo en el primer piso y la vivienda de esta familia está en el segundo. «Si mi madre hubiera estado en casa, habría habido grandes posibilidades de que hubiera sido afectada a nivel humano», dice Alberto, que evita la palabra muerte en su relato como quien quiere ahuyentar un pájaro de mal agüero. «La explosión fue justo en la perpendicular de las escaleras hacia su puerta, en una zona que fue completamente inundada por el humo», explica. «La casa está fatal, hay que reconstruirla prácticamente entera», reconoce, aunque no es de las «cuatro o cinco» que están destruidas por completo, en las que no quedaron no los tabiques. Su obsesión hoy es que él su madre recuperen la normalidad en el barrio que le vio crecer y al que tanto quiere.