«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Seneca, aunque fue enunciada hace mucho tiempo sigue siendo de rabiosa actualidad. La causa evidente de esta lentitud en los procesos judiciales es el colapso existente en los juzgados: 32.525 asuntos estaban en lista de espera a finales de septiembre del pasado año (últimos datos publicados), lo que supone un 248 por ciento más que los pendientes cuando finalizó 2016. Una auténtica barbaridad. Es lamentable que los trámites judiciales vayan a paso de tortuga y es que la Justicia atrasada es una deficiencia tan grave que descalifica todo el sistema judicial, hasta el punto de que en ocasiones es casi más importante la puntualidad en el fallo que el propio acierto.

Este 'tapón' en los juzgados vallisoletanos no tiene una única causa, sino múltiples. Aunque en los siete últimos años los casos pendientes han ido creciendo, la llegada de la pandemia de la covid en el año 2020 supuso un salto en esta escalada, a pesar de que se trabajó de forma telemática y se sacó adelante lo que se pudo. Los años siguientes continuó el ascenso de forma mucho más lenta hasta que llegó 2023, un "año perdido", como reconocen algunos miembros de la judicatura. La huelga de funcionarios y letrados de Justicia, más las amenazas de jueces y magistrados de seguir el mismo camino, ha provocado un incremento bestial de los expedientes parados en su tramitación. Por no hablar de que los juicios se están señalando ya para finales de año e incluso en algunos juzgados para el primer trimestre de 2015, algo difícil de creer si no fuera porque lo cuentan los propios protagonistas de estas resoluciones.

A las movilizaciones laborales de los trabajadores del sector hay que añadir también la escasez de recursos humanos y materiales en los órganos dedicados a resolver los conflictos que se presentan en los juzgados. Tanto jueces como responsables del poder judicial llevan años reivindicando más plantilla y refuerzos para algunas jurisdicciones e incluso, como reconoce el presidente de la Audiencia Provincial, un nuevo juzgado de Primera Instancia y otro de familia. Sin embargo el Ministerio lleva tres años haciendo oídos sordos y sin crear ningún órgano judicial en Valladolid. Esta falta de medios, a la que se añade la tardanza en cubrir los puestos cuando se producen traslados de magistrados o jueces, provoca que sean mucho mayores los expedientes que entran cada trimestre que los que salen. 

Dada la situación, en la que no hay divergencias entre los diferentes colectivos que participan en los procedimientos judiciales, hay que buscar soluciones, pues no es admisible para la ciudadanía que cada vez que tenga que acudir a los juzgados, da igual que sea civil, penal, social o contencioso, deba esperar años a que se resuelva a favor o en contra. El ministro Félix Bolaños, que desde el pasado mes de noviembre asumió también la cartera de Justicia, parece demasiado ocupado en asuntos políticos y en negociaciones para garantizar la continuidad del Gobierno y, por ahora, no ha entrado a resolver los graves problemas que tiene este sector en España, más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al ciudadano de a pie le interesa que se resuelva  rápidamente cualquier cuestión que acabe en los Juzgados y le preocupa que el colapso le suponga tiempo y dinero. Esta debe ser la máxima prioridad de un ministro de Justicia y por ahora no parece que las preocupaciones de Bolaños vayan por ahí.

Desde luego, hay muchos casos pendientes que son mediáticos, lo que no significa que sean más importantes que los demás, que simbolizan perfectamente esta lentitud con la que caminan los órganos judiciales. Con ese paso de tortuga y a veces con fallos en sus decisiones que provocan aún mayor retraso, se iniciará dentro de un mes la vista oral por el denominado caso 'Perla Negra', que juzgará casi dos décadas después unos hechos ocurridos en el año 2005. Ejemplo paradigmático de que la justicia cuando es lenta no es justicia.

La ley dice que las resoluciones judiciales se adoptarán en un plazo razonable. Y también impone a los jueces la obligación de practicar las diligencias que sean necesarias en aquellas materias que, por sus graves consecuencias para la integridad de las personas, deben ser investigadas y, en su caso, juzgadas. Pero todo ello deben hacerlo con la máxima diligencia y para ello son necesarios recursos materiales y humanos suficientes para llevar a cabo su tarea. No obstante, debe existir un compromiso personal por parte de todos los que forman parte, de una u otra manera, en un proceso judicial para ir resolviendo periodicamente un número de asuntos superior al de los que se registran. Todos deben colaborar en ir disolviendo un tapón, al que si no ponemos remedio va a llevar al colapso a la Justicia. Quizás no se le presta la misma atención a este sector que a la sanidad o educación, pero indudablemente hay muchos miles de personas pendientes de pleitos que pueden impulsar o dar un vuelco a su vida y no es justo que estén años con esta espada de Damocles sobre su cabeza.

Y no quiero entrar hoy en otro asunto, también pendiente, aunque no esté relacionado con este atasco de casos pendientes. Me refiero al Campus de la Justicia, bonito nombre que no ha servido para lograr ni un solo avance en este esfuerzo de los últimos equipos de gobierno para reunificar los órganos judiciales en Valladolid y facilitar el trabajo a muchos profesionales del sector. Ese proyecto también duerme el sueño de los justos o al menos eso parece. No hemos tenido noticias de él desde hace muchos meses… habrá que preguntarle a Bolaños. O a Óscar Puente, que ahora está en el Gobierno.