El alcalde descartó este jueves reducir el área de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque abre la puerta a modificar alguna calle tras estudiar las alegaciones que se han presentado en la fase de exposición pública, que acabó esta semana. Esta posición está avalada, en parte, por el estudio económico incluido en el expediente de la nueva ordenanza que regulará la ZBE.
El informe, además de incluir los costes financieros directos e ingresos económicos (en este caso por sanciones), especifica otros efectos como el ahorro esperado en costes sanitarios por la mejora de la calidad del aire y el estímulo de la movilidad activa, o la monetización de la reducción del tiempo perdido en atascos de circulación. Aunque también se matiza que este análisis coste-beneficio no se puede equiparar a un análisis de viabilidad financiera, si no de un reflejo del valor e impacto económico para la sociedad en su conjunto.
La propuesta de ZBE está delimitada por las vías Puente Mayor, calle Juana de Castilla, Arzobispo José Delicado, paseo del Hospital Militar, paseo del Arco de Ladrillo, calle Santa Fe, paseo Farnesio, avenida de Segovia, túnel de labradores, calle de la Vía, calle Unión, calle Nicasio Pérez, plaza de San Juan, calle Huelgas, calle Real De Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás, y puente Mayor. Se estima que este área de 3,1 Km2 es la que garantiza los mayores beneficios y garantiza una Tasa Interna de Rentabilidad Económico del Proyecto (TIRE) del 21,78%.
Dentro del ámbito de estudio de se contabilizan d37,92 kilómetros de calles transitables por vehículos privados, donde los desplazamientos cotidianos en automóviles son 169.556 en un día laborable. Se apunta que, inicialmente, se dijo que la restricción impedirá el acceso a cerca del 18% de los 170.000 turismos matriculados en la capital, pero se considera una cifra sobrestimada, y se cifra que los desplazamientos hacia la ZBE se reducirán en 4.000 diarios.
Unos datos en la línea con los del análisis realizado por las organizaciones sociales que piden ampliar la ZBE hasta la avenida de Salamanca. En este caso, considera que propuesta municipal sólo reduciría el actual tráfico motorizado y la contaminación en la ciudad en un uno por ciento en 2024, un tres por ciento en 2025 y un cuatro por ciento en 2030, según el calendario de aplicación previsto con lo que, según estas organizaciones, los beneficios sanitarios y ambientales del menor tráfico sólo llegarían al centro urbano.
En la memoria económica municipal también se considera que el 2% de los usuarios decidirá adquirir un vehículo nuevo en un plazo de diez años para garantizarse el acceso. «A cada vehículo nuevo se le ha asignado un valor promedio de 15.000 euros, considerando también la posibilidad de aprovechar incentivos y ayudas. Con lo que la renovación del parque vehicular supondrá un gasto de€ 49,5 millones de euros». €
El informe calcula que la rebaja de la contaminación por la reducción del tráfico en Valladolid podría evitar 27.260 la muertes prematuras evitadas en diez millones de funcionamiento de la misma. Y se valora en 53,7 millones de euros el valor del tiempo ahorrado por la menor congestión del tráfico, entre los datos más llamativos.