A juicio por quedarse 65.000 € de un familiar al que tutelaba

D. V.
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La mujer acusada tenía otorgada ante notario la facultad de administrar los bienes de su tío de 80 años

Palacio de Justicia de Valladolid, sede de la Audiencia.

La Fiscalía de Valladolid solicita una pena de cuatro años de cárcel para una mujer, María S.D, a la que acusa de haberse apropiado de casi 65.000 euros de las cuentas de su tío, de 80 años, tras serle otorgado ante notario la facultad de administrar sus bienes.

El juicio está previsto que se celebre en la Audiencia de Valladolid el próximo día 4 de marzo, donde la acusación pública, amén de la referida pena privativa de libertad por delito continuado de apropiación indebida, acude con la petición de una multa de 4.320 euros y el pago en favor de los herederos de la víctima, en concepto de responsabilidad civil, de un total de 64.923 euros y los correspondientes intereses, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La causa se remonta al 6 de julio de 2012 cuando el octogenario otorgó ante notario un poder general en favor de su sobrina que facultaba a ésta, en representación del primero, realizar actos de administración y disposición de sus bienes.

Fue entonces, siempre según la tesis de la acusación pública, cuando la acusada se valió del mencionado poder para realizar reintegros de dinero de las cuentas bancarias de la víctima y para gestionar la venta de algunos inmuebles de su propiedad, incorporando a su patrimonio parte del dinero obtenido.

Dichas operaciones se realizaron en el espacio de tiempo comprendido desde el otorgamiento del poder general hasta el fallecimiento del anciano, el 21 de agosto de 2018, con el consiguiente perjuicio económico para el fallecido y sus hijos, quienes habían sido instituidos herederos por su padre en virtud del testamento otorgado el día 7 de septiembre de 2011.

De hecho, tras la muerte de su padre, los herederos requirieron a la acusada para que justificara estas operaciones bancarias y ella procedió a restituirles 10.345,86 euros, por lo que, según el fiscal del caso, la cantidad total que aún adeuda a los perjudicados asciende a 64.923,14 euros.

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