La Comisión de Ética Pública, el órgano consultivo sobre esta materia en la Administración de Castilla y León, mantiene abierta la denuncia presentada contra la exconsejera Verónica Casado por un curso de formación presuntamente pagado por una farmacéutica y archiva, por unanimidad, la que elevó Ciudadanos contra el actual titular de Sanidad, Alejandro Vázquez, por las tres reuniones que mantuvo con Ambuibérica y que no figuraban en las agendas de trabajo de los altos cargos. Así recoge el acta, consultada por Ical, sobre la reunión que la Comisión celebró el 25 de marzo y que terminó, tras 35 minutos de deliberaciones, con la decisión, por unanimidad, de solicitar información adicional a Casado, así como a la Consejería de Sanidad para conocer si incumplió el Código Ético y de Austeridad por participar en un curso sobre liderazgo, por el que la Junta abrió en febrero una investigación reservada.

Así, el pasado 24 de febrero, la Comisión integrada por los máximos dirigentes de la Consejería de la Presidencia, que asumieron las competencias en la pasada legislatura de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, decidió encargar una serie de actuaciones previas. Para ello, se solicitó la documentación pertinente y tras recibirla volvió a celebrar una nueva sesión el 25 de marzo. En su veredicto consideraron que existían «ciertas lagunas y aspectos sin responder» como cuál había sido el precio del curso, quién había sido el organizador real del mismo, cómo se eligieron a los participantes y si era una designación técnica. También, señalaron que se desconoce si Casado acudió como asistente al curso o como consejera a un acto institucional y que la información era insuficiente sobre la organización del mismo.

La Junta de Castilla y León abrió a principios de febrero una información reservada sobre el presunto pago de un curso por parte de una farmacéutica a la exconsejera de Sanidad en León durante dos días, 11 y 12 de noviembre del año pasado, seminario que Verónica Casado no incluyó en su agenda de Gobierno. Además, esta actuación afectaba también al presunto incremento del salario de una enfermera interina sin la titulación exigida para ser jefa de servicio.

Por otra parte, la Comisión de Ética Pública dio carpetazo a la denuncia elevada por las reuniones que mantuvo Alejandro Vázquez, con responsables de Ambuibérica, empresa concesionaria del transporte sanitario, sin que figura en las agendas de los altos cargos. Tras revisar el caso, este órgano acordó por unanimidad archivar el expediente al no detectar que se incumpliera el Código Ético.

De esta forma se cierra el expediente abierto tras desvelar el exvicepresidente Francisco Igea que el titular de Sanidad se había reunido con la empresa Ambuibérica el 23 de diciembre, dos días después de tomar posesión y antes de que se conociera la intención de convocar un concurso para contratar el servicio de transporte sanitario, con un montante de 809 millones. El propio consejero confirmó que se había reunido en tres ocasiones para pedir mejoras en el servicio de ambulancias e interesarse por el conflicto laboral.