El consejo de administración de Gesturcal se enteró de la compra de los terrenos para el malogrado polígono industrial de Portillo cuando la operación ya estaba realizada, según confirmaron hoy, en la tercera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincia de Valladolid por el 'caso de la Perla Negra', tanto el que fuera secretario general de la Consejería de Economía y Empleo y vicepresidente de ADE, como el exdirector general de Presupuestos de la Economía de Hacienda, José Armando Baeta, ambos miembros del consejo de administración de Gesturcal.
Baeta calificó la operación de "contradictoria" por comprarse unos terrenos a pesar de que Gesturcal ya no tenía capacidad para urbanizarlos, tal y como estaba ocurriendo con otros terrenos que ya eran de su propiedad, y por acumular una deuda que ya superaba los 350 millones de euros. Por su parte, Trillo tildó a la operación como "inoportuna" por el alto precio de los terrenos.
Además, ambos resaltaron que se enteraron de esta operación en el consejo de administración de Gesturcal celebrado el 31 de marzo de 2011, en el que se presentaron las cuentas del ejercicio anterior. En este sentido, el que fuera secretario del consejo de administración de Gesturcal, José Rodríguez Sanz-Pastor, también confirmó este extremo en su declaración, a la vez que calificó la compra como "chocante", a la vez que recalcó que lo habitual es que decisiones tan importantes como la compra del edificio de Arroyo o la adquisición de los terrenos de Portillo se tomaran en el seno de las consejerías.
Con relación al edificio de Arroyo, Baeta explicó que puso en duda la idoneidad del contrato del alquiler, fijado en 25 euros mensuales el metro cuadrado, cuando en la tasación aportada por el Rafael Delgado el precio más caro por oficinas en Valladolid era de 16 euros. "No había fundamentos para determinar que los 25 euros era un precio adecuado y menos en un edificio que se estaba construyendo", aseveró.
Además, también reconoció que por el consejo de Gesturcal no paso el contrato de reserva para la compra el edificio de Arroyo por el se pagaron a Urban Proyecta siete millones de euros.
En el mismo sentido se pronunció Pablo Trillo, que reconoció que informó al que entonces era consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y al expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, del elevado precio de alquiler que se estaba pagando, e incluso se refirió a los chistes que los propios trabajadores hacían al respecto al referirse al edificio como la 'Perla Negra'. No obstante, Trillo avaló la decisión final de comprar el edificio de Arroyo, dado que el precio final que se pago, 52 millones de euros, fue muy inferior a una de las primeras tasaciones que lo situó en los 72 millones.
Decisión de Villanueva
Hoy también declaró en la Audiencia Provincial de Valladolid el excoordinador de Servicios de la Consejería de Economía y Empleo entre 2007 y 2011, Tomás Machota Martín, que aseguró que la decisión de alquilar la totalidad del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda Arroyo de la Encomienda y de unir los dos bloques fue de Tomás Villanueva, durante una visita a las obras del edificio en la que también estaba presente el viceconsejero Rafael Delgado.
En su declaración también dijo que, por encargo de Rafael Delgado, él fue el encargado de elaborar en diciembre de 2008 un informe sobre la conveniencia de comprar el edifico de Arroyo, pero descartó que recibiera presiones para que la conclusión del mismo fuera en una línea determinada. En este sentido, indicó que se limitó a recomendar que era más rentable para las arcas públicas la compra de edificio que mantener un contrato de alquiler en el tiempo.
Al mismo tiempo, declaró que todas las decisiones relativas al edificio de Arroyo se tomaban directamente en la Consejería de Economía, mientras que Gesturcal era un "mero pagador". Además, reconoció que fue Rafael Delgado la persona que le indicó que Gesturcal tenía que abonar las facturas de Urban Proyecta sobre las obras de modificación del edificio.
La cuarta jornada del juicio arrancará mañana a las 10 horas con la declaración del actual viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, entre otros testigos.