La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras 4, en la operación 'Zimersa', por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Las seis personas, bajo la apariencia de legalidad en una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y servicio doméstico, explotaban a sus trabajadoras de origen extranjero, que carecían de permiso de trabajo y estancia legal en España.

A lo largo de la investigación los agentes observaron como esta empresa mostraba una estrategia muy agresiva de expansión, llegando a tener sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, teniendo previsto la apertura de nuevas sedes en otras provincias.

Su actividad consistía en la captación de mujeres y adoctrinamiento de las mismas. Estos trabajos se llevaban a cabo en localidades pequeñas, alejadas de centros urbanos de forma que las contratadas tuvieran dificultades para relacionarse con otras o personas. Buscaban un perfil de mujeres que ellos denominaban "buenas trabajadoras" de carácter dócil y calladas, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y situación muy precaria en su país de origen por lo que aceptaban condiciones laborales muy duras.

El cabecilla y gerente de la empresa para realizar esta actividad de explotación laboral contaba con la colaboración de las personas responsables de las distintas sedes (Salamanca, Asturias, Cantabria y Valladolid). A estas colaboradoras les impartía instrucciones para llevar a cabo las entrevistas, tales como que no debían aceptar mujeres que no mantenían la mirada en la entrevista o que fueran esquivas en sus respuestas.

A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no se correspondía con la que llevaba a cabo los cometidos contratados, sino que dicha identidad pertenecía a otras trabajadoras que si se encontraban en situación regularizada. De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban toda normativa reguladora.

Los detenidos e investigados las aleccionaban y advertían de cómo se debían comportar en el caso de que fueran identificadas en controles policiales, les impedían ir a centros médicos y hospitalarios sino era acompañados por miembros de la empresa. Incluso les obligaban a identificarse ante los contratantes con otras identidades correspondientes a personas que si se encontraban de alta en la Seguridad Social.

Una vez finalizada la primera fase de la investigación con la correspondiente autorización la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol, el pasado 25 de enero se llevaron a cabo entradas y registros en las cuatro sedes de la empresa, así como en dos domicilios particulares.

Se practicó la detención del gerente de la empresa y cabecilla, así como de su pareja sentimental. También se tomó manifestación como investigadas no detenidas a cuatro personas encargadas de cada una de las sedes. A todos se les imputa delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.

En la práctica de dichos registros participaron como especialistas en la materia, miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, Salamanca y Valladolid coordinados por la de Asturias. La investigación continúa abierta dado que se está analizando toda la documentación intervenida con motivo de los registros practicados.