El Ayuntamiento de Valladolid aún no ha tomado una decisión sobre el proyectado Centro de Atención Humanitaria que el anterior alcalde, Óscar Puente (PSOE), se comprometió a ejecutar y que ahora ha heredado el actual regidor, Jesús Julio Carnero (PP), elegido tras las elecciones del 28 de mayo.
El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona (PP), remitió el 28 de julio una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el fin de solicitar algunas aclaraciones necesarias para la fase de información pública que la normativa exige ante cualquier actuación urbanística, han informado fuentes municipales.
Estas aclaraciones se refieren a las características del Centro de Atención Humanitaria relativas al edificio y al tipo de alojamiento (residencia con habitaciones, pisos o habitaciones individuales), con el fin de satisfacer las alegaciones al proyectos expuestas durante la fase de información pública.
El anterior equipo de gobierno dejó un proyecto de construcción en el suelo de una parcela municipal situada en el número 18 de la calle Dulzaina, junto al Hospital Universitario Río Hortega (HURH), con capacidad para doscientas personas, dotaciones deportivas y una plantilla de quince trabajadores entre asistentes sociales y otros profesionales.
Veinticinco empleados externos se encargarían de las labores de seguridad, lavandería, mantenimiento y limpieza, según el proyecto inicial anunciado a principios de marzo de 2022 y que estableció su apertura antes de diciembre de 2024.
De momento, el actual equipo de gobierno, de coalición PP-Vix, no ha adoptado una decisión al respecto en uno u otro sentido, según las mismas fuentes.
Ninguna de las tres concejalías de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid están directamente relacionadas con la apertura de un centro de estas características: Irene Carvajal (primera teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura), Víctor Manuel Martín (Comercio, Mercados y Consumo) y Alberto Cuadrado (Salud Pública y Seguridad Ciudadana).
A raíz de la invasión rusa en Ucrania y del consecuente y masivo éxodo poblacional de refugiados de este país a Europa, el Ministerio de Inclusión promovió la creación en varias ciudades de centros de acogidas de refugiados financiados con cargo al Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia de la UE.
Un mes antes de las pasadas elecciones, el Gobierno de España apremió a los ayuntamientos y comunidades que habían aceptado la apertura de un centro para iniciar los procedimientos administrativos.
En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió en julio tres cartas a los nuevos titulares de los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y del Gobierno de Cantabria para preguntarles si mantenían sus compromisos de apertura de los centros de acogida en sus territorios.
El Gobierno de Cantabria ya ha anunciado que quiere que las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas, donde está proyectado construir un centro de acogida de refugiados en virtud de un convenio firmado en marzo, se dedique a un centro de referencia nacional en dependencia, discapacidad, salud mental o soledad no deseada.
Hoy mismo, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha rechazado la construcción de un nuevo centro de acogida de protección internacional para refugiados en la ciudad y ha planteado "trabajar en un proceso personal de acogida", realizado "de manera responsable y ordenada".