La Audiencia de Valladolid impondrá este martes un año y medio de prisión a la sexagenaria Brígida F.P. y seis meses a su 'aguador', Salvador S.B, quienes fueron detenidos en febrero de 2021 bajo la acusación de dedicarse a la venta de cocaína y heroína en el barrio de Las Delicias, el segundo de ellos en labores de vigilancia.
Aunque el juicio está señalado para este martes en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, la vista no llegará a celebrarse y será sustituida por una comparecencia en la que ambos encausados oficializarán su conformidad con las respectivas condenas pactadas, que inicialmente se elevaban a tres años de cárcel.
La condena en el caso de ella, en calidad de autora, es por tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, en menor entidad, y consiste en un año y medio de cárcel y multa de 20 euros, mientras que él, como cómplice, asumirá seis meses de privación de libertad y multa de 5 euros. A este último se le aplica la atenuante analógica muy cualificada de drogadicción, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La investigación se inició cuando el Grupo VIII de Udyco de la Comisaría Provincial de Valladolid recibió diversas informaciones acerca de una mujer que presuntamente se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de las calles Aaiún y Caamaño, por lo que se establecieron en la zona varios dispositivos al objeto de comprobar la existencia del delito e identificar a las personas que pudieran tener participación en dicha actividad.
Tras las investigaciones realizadas, comprobaron que la mujer realizaba numerosas ventas de las referidas sustancias en las proximidades y que, en el interior de su domicilio, se encontraba oculto su hijo, A.N.F, quien tenía en vigor una reclamación judicial dictada en 2019 por un juzgado de Segovia para cumplir una condena de nueve años de prisión por homicidio en grado de tentativa. Este último no figura inmerso en la causa de tráfico de drogas.
La función del tercer detenido y segundo de los acusados, Salvador S.B, era realizar labores de vigilancia en la zona con el propósito de intentar detectar la presencia policial, según recoge el escrito del fiscal del caso.
Grandes medidas de seguridad
La investigación iniciada a principios del mes de diciembre de 2020 tuvo que desarrollarse con dispositivos de vigilancia de gran dificultad, debido a las grandes medidas de seguridad que aplicaban los detenidos para llevar a cabo las transacciones.
Así, a lo largo de la mañana del 3 de febrero de 2021 se llevó a cabo un amplio dispositivo policial integrado por integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), guías caninos y Policía Judicial y se procedió a la detención de los investigados y la del penado.
Los agentes intervinieron 1.245 euros, los cuales se encontraban ocultos en billetes fraccionados de pequeña cuantía.
En su momento se les imputó también, además del delito contra la salud pública, otro delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda carecía de contador eléctrico y se localizó un puente eléctrico al alumbrado de la comunidad. Sin embargo, la acusación pública acordó solicitar el sobreseimiento respecto del mismo ante la dificultad de acreditar la autoría de dicho enganche a la red pública.