Hay semanas que uno no sabe de qué escribir, pero luego llegan otras, como esta última, en que se queda corto el espacio para analizar los asuntos de interés que han ido ocupando espacio en los medios de comunicación y en las charlas de café. Y eso que pretendo ceñirme a lo sucedido en Valladolid, pues si ampliáramos el horizonte hacia la actualidad autonómica o nacional, e incluso europea, habría para llenar páginas y páginas. Eso se lo dejaremos a sesudos analistas, pues yo quiero centrarme en Pucela capital, donde ya estamos en plena campaña navideña tras el encendido de la iluminación en 72 calles y 20 plazas. Habrá tiempo de hablar de la Navidad en todos sus aspectos, desde el dudoso éxito de la apuesta municipal por convertir a la ciudad en un atractivo turístico durante esta época del año hasta de la falta de una mayor coordinación en la organización de las luces, el mercadillo y las actividades culturales.

Con ser importante lo anterior, me parece relevante el revolcón sufrido por el equipo de gobierno municipal con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre los primeros cambios en movilidad, que suponían la eliminación de carriles bus en Poniente y López Gómez, así como la modificación de varios carriles bici. La Sala de lo Contencioso Administrativo considera que la ordenanza anulada infringe la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ·al limitarse en la forma que se hace la posibilidad de los interesados en la utilización de las vías públicas, sin indicarse a quienes afecta la restricción y cómo va a hacerse, […] sin que sea admisible una normativa con tal falta de determinación que deje en manos de quien no puede emanar la limitación de las vías públicas, su establecimiento». Y además condena en costas al Ayuntamiento.

Cierto es que la sentencia no es firme y el concejal Alberto Gutiérrez ya ha anunciado que el Consistorio recurrirá en casación al Tribunal Supremo, así como que el alto tribunal autonómico no ha entrado en el fondo de la cuestión, sino que la anulación de la ordenanza se debe a defectos de forma. No obstante, más allá de la acertada o no política de movilidad del actual equipo de gobierno formado por PP-Vox, lo que hay que exigir a nuestros dirigentes políticos es el cumplimiento de todas las salvaguardas legales y garantías ciudadanas en la elaboración de las normas. Y esto es exigible a todos los políticos, no solo a los que están gobernando, pues las prisas son malas compañeras de una buena gestión. De hecho, el propio Grupo Municipal Popular ya presentó una denuncia contra el anterior equipo de gobierno socialista por una cuestión similar a la que ahora han realizado ellos, según recoge incluso la propia sentencia.

Más allá de los efectos prácticos para los ciudadanos que tendrá esta sentencia, que me temo que ninguno tras la negativa del edil de Movilidad a paralizar las obras del carril bici de Isabel la Católica y a cambiar las medidas prometidas en campaña electoral, es exigible a las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento, un escrupuloso cumplimiento de legalidad en todas y cada una de sus actuaciones. No se trata de tomar decisiones rápidas y populistas, sino de realizar un trabajo de análisis, posibilidades y forma de acometer los proyectos que legítimamente consideren beneficiosos para la ciudad. Porque es grave que el Tribunal Superior de Justicia tenga que anular una ordenanza en un consistorio con todos los técnicos y políticos que hay en Valladolid.

Y no sirve lo de utilizar el dinero público para recurrir hasta el final, deben tomar nota y hacer las cosas bien desde el principio.