La pandemia está teniendo una efecto devastador en la economía de Valladolid. Los datos macroeconómicos reflejaban, unos días antes de la explosión vírica, una evolución positiva, con las cifras de desempleo acercándose a mínimos históricos. Pero la covid-19 ha supuesto un giro copernicano, y en los últimos doce meses el desempleo se ha disparado y ha subido un 25,27%. El pasado mes de febrero había registrados 37.761 desempleados en las oficinas del SEPE, 7.617 más que el año pasado en la misma fecha. Una cifra que no ha crecido más, o que se ha amortiguado, por el efecto contención de los ERTE, un salvavidas al que se siguen agarrando 7.226 personas en Valladolid.
El impacto en la economía local deriva de la paralización de sectores económicos como el comercio, la hostelería y el turismo, mientras que otros como el industrial o el agrario han aguantado mejor el vendaval. Los últimos datos de a Cámara de Comercio e Industria de Valladolid apuntan al «devastador» efecto con el cierre de un 13% del pequeño comercio y miles de empleos perdidos. Unos datos en la línea del último estudio de Avadeco, que confirmaba que la tasa de locales vacíos era del 20 por ciento en el epicentro comercial de la capital, frente al 12% registrado en 2019 o el 9% que había hace diez años. Algo que se visualiza en un paseo por las calles de la capital, de donde han desaparecido establecimientos históricos, que no han podido aguantar la recesión.
Esta crisis, inédita por las causas y sus dimensiones globales, también se está cebando con los autónomos, un colectivo muy vinculados al sector servicios. La provincia, en el último año, ha registrado 3.532 bajas en este régimen, donde se mantienen activos otros 27.618. Una situación extrema a la que no escapa tampoco el mundo la cultura, donde abundan los trabajadores por cuenta propia, que se ha movilizado para reclamar ayudas públicas para, al menos, compensar las pérdidas de las medidas restrictivas para frenar la expansión del virus.
Todos estos sectores se enfrentan al cambio de hábitos sociales impuestos por las restricciones, algunos de los cuales han llegado para quedarse. El teletrabajo y la compra online obligan a una adaptación digital que estaba pendiente desde hace varios años, que necesita de inversión y que si no se afronta puede suponer la pérdida de más puestos de trabajo. En este sentido, las administraciones públicas han puesto en marcha una serie de ayudas para fomentar esa digitalización. Esta misma semana se han conocido los primeros beneficiarios de las aprobadas por el Ayuntamiento de Valladolid, 90 autónomos y micropymes han sido los beneficiarios de estos fondos para la digitalización de su actividad empresarial en la convocatoria ReactiVA Digital, con un importe de 284.786 euros del total de 1,5 millones de euros con los que cuenta de presupuesto está línea de ayudas.
En este sentido, el Consistorio de la capital ha movilizado, desde mediados del años pasado, 13 millones de euros en varias convocatorias, que han beneficiado a unos 6.000 autónomos y pequeños empresarios, además de aprobar distintas exenciones de tasas, como las de las terrazas o a los feriantes e impuestos, como el IBI en el caso de los hoteles.
En el caso de la Diputación de Valladolid se aprobó un Plan de Choque dotado de 12,7 millones de euros, de los que cinco millones se destinaron a políticas de empleo, 3,2 millones a políticas sociales y 2,7 a ayudas a los ayuntamientos.
POBREZA
Esta movilización extraordinaria de fondos han paliado, pero no han podido evitar el impacto social y la generalización de las ya bautizadas como colas del hambre. Este es uno de los efectos secundarios más importantes del coronavirus, y para el que todavía no hay una receta efectiva. Los indicadores confirman que, un año después, el impacto económico y los problemas de solvencia de las familia son ya más fuertes que en la crisis de 2008. Las administraciones y organizaciones sociales confirman que sus servicios atienden usuarios que nunca antes habían necesitado su ayuda. De hecho, este virus se ha extendido por los colectivos en exclusión social, pero también ha contagiado a una buena parte de la clase media, que se ha visto afectada por la pobreza sobrevenida, que implica a los que han perdido su trabajo o han cerrado su negocio y no pueden pagar sus gastos básicos.
Esto ha obligado a las administraciones públicas y a las ONGs a hacer un esfuerzo extra y diseñar nuevos protocolos para mitigar esta situación crítica, que todavía se mantendrá durante un tiempo y que nadie se atreve a cuantificar. Pero la realidad es tozuda y se visualiza todos los días en lugares como la sede de Cruz Roja en Valladolid. El reparto de alimentos mensual a las familias ha su disparado durante la pandemia. Se ha pasado de atender una media de 40 familias al día a 80 o cien en los días de mayor actividad. Esto hace que al mes se facilite un carro de la compra básico a unas 1.100 familias. Una cifra que se incrementa hasta casi los 20.000 beneficiarios si se tienen en cuenta también los repartos del Banco de Alimentos.
De hecho, el Ayuntamiento de la capital ha incrementado en 4.237.667 € el gasto de Servicios Sociales destinado a programas de intervención social a causa de la pandemia, fundamentalmente con el refuerzo de ayudas de emergencia a personas y unidades familiares en situación de riesgo, la atención de niños en situación de exclusión social a través de apoyo para la alimentación infantil. También se ha mejorado la atención a personas sin hogar con la apertura de un albergue durante 24 horas al día, y la atención a personas mayores, muchas de las cuales viven solas, con un incremento de servicios como la ayuda a domicilio o el servicio de teleasistencia domiciliaria.