No habrá vuelta a casa por Navidad para los vecinos del edificio de la calle Goya. Pese a que en varios momentos de este año responsables políticos aseguraron que la intención era que los primeros pudiesen volver a sus viviendas antes de 2025, el ritmo de las obras ha sido más lento de lo esperado y los afectados por la explosión de gas el 1 de agosto de 2023 ya tienen asumido que, otro año más, pasarán estas fiestas fuera de su hogar principal.
Fuentes vecinales aseguran que la obra todavía se está centrando en las zonas comunes y no será hasta que acabe esta fase cuando empiece la rehabilitación de las viviendas. Una a una. Un trabajo que será imposible acometer en solo un mes. Es más, las mismas fuentes prevén que el regreso al edificio será muy complicado durante el primer trimestre del año que viene.
A simple vista, desde el exterior, sí que se han producido avances en los últimos meses. Por ejemplo, en la colocación de la fachada de algunas viviendas que en el pasado mes de julio todavía estaban 'desnudas'. Las mismas fuentes señalan que la previsión es que la rehabilitación de las zonas comunes esté lista a finales de este año y 2025 se estrene con la reforma de las viviendas.
Son 15 las familias que están realojadas por un incidente que se llevó por delante la vida de Teresa Bergondo, la vecina del 1ºC, además de dejar 14 heridos. Una explosión de gas que, según determinó el juez en su momento, se produjo por un accidente, aunque en su resolución dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso administrativo de investigación que la Junta nunca llevó a cabo ante la imposibilidad de identificar a los culpables en el cambio de una instalación cuyas deficiencias fueron el origen de la deflagración.
Hasta ahora, el coste del arrendamiento de las viviendas de las familias que se tuvieron que ir a una casa de alquiler está siendo sufragado por el seguro de la comunidad. Sin embargo, cuando empiecen las obras individuales de cada alojamiento, será el seguro de vivienda de cada uno de los vecinos el que tendrá que empezar a asumir ese coste. Es decir, cada vecino tendrá que 'pelear' esas coberturas con el seguro que tenga contratado.
Otra de las ayudas que tienen los afectados es la exención de determinados tributos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el del agua, por parte del Ayuntamiento mientras no estén ocupando las casas. Es una promesa que se hizo en verano y que todavía no se ha concretado, pero el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, asegura que «va a salir una línea específica en breve, antes de que finalice el año, para que los vecinos puedan solicitarlo». Respecto a los plazos de la obra, el concejal asegura que el Ayuntamiento no tiene el control sobre una obra que es privada, aunque está informado al día sobre su evolución. «Esperamos que acabe cuanto antes para que los afectados empiecen a retomar sus vidas de nuevo», señala Rodrigo, que reconoce que las previsiones que manejaba la constructora hace meses sobre la finalización de la obra eran muy optimistas, como el tiempo ha demostrado.
Alberto Solís, uno de los vecinos afectados, se queja de la «lentitud» de las obras y del «abandono» que empieza a sentir por parte de las administraciones. «Está claro que, como tengas una desgracia de este tipo, estás jodido, porque nada de lo que dicen los políticos es real... nosotros estamos reconstruyendo el edificio con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestras negociaciones y con los seguros, que se portan mucho mejor que los políticos, a pesar de las leyendas que hay sobre ellos», señala. Según él, los seguros «dan unos mejores tiempos de respuesta y prestaciones» que los representantes públicos.