Ser agente de la Guardia Civil o la Policía Nacional conlleva un riesgo personal, en determinadas circunstancias, del que todos ellos son conscientes, más allá de las medidas que se puedan tomar para reducirlo. Estos profesionales sufrieron 73 agresiones entre enero y agosto de este año en Valladolid, es decir, una media de nueve al mes, tal y como se recoge en una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta de las diputadas del Grupo Popular María Isabel Borrego y Ana Belén Vázquez. En una cifra ligeramente inferior a la registrada en los dos últimos años, cuando se produjeron 129 y 127 incidentes de este tipo, es decir, diez al mes. Una media que solo bajó en 2020, con 81 agresiones (6,7 al mes), por el descenso de actividad derivado del confinamiento de la pandemia.
José Robles, del Sindicato Unificado de Policía (SUP), puntualiza que ese riesgo es inherente al puesto "hasta cierto punto". Es decir, que no se puede aceptar que un policía sea blanco de las agresiones por el simple hecho de serlo. Y considera que se pueden poner en marcha medidas para disuadir a los potenciales agresores. "Por ejemplo, llevar una cámara corporal en la que se registren todas las imágenes, para que luego se puedan utilizar en un juicio", señala.
Robles explica que estos incidentes se suelen producir, sobre todo, cuando hay que mediar entre personas que están bajos los efectos del alcohol y la droga, o cuando los implicados están muy nerviosos. "Es difícil razonar cuando están en ese estado", sostiene, aunque los policías intentan ser "exquisitos y proporcionales" en su actuaciones y "nunca van predispuestos al conflicto", aunque a veces no puedan evitarlo.
Los datos ofrecidos por el Gobierno están extraídos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y también revelan que el año pasado se produjeron en toda España 16.651 agresiones, es decir, 1.387 al mes. Entre enero y agosto, 11.311. Los datos provinciales están condicionados por el nivel de población. Así, Madrid es la que registró más agresiones en esos ocho meses de este año, con 2.191, seguida de Barcelona, con 1.177. Por detrás quedan Valencia (752), Alicante (626) y Sevilla (457). En el otro extremo se sitúan Teruel, con 16, y Ávila, con 18.
El citado sindicato, a nivel nacional, se ha quejado de una situación que considera "insostenible". "El desvalimiento e indefensión que sufrimos los policías en nuestras intervenciones es cada vez más acusado, es por ello que venimos demandando tanto medios técnicos como las pistolas táser, como las ansiadas cámaras corporales, dispositivos de grabación unipersonal (DGU) o bodycam que tan necesarias son para su seguridad jurídica y el efecto disuasorio que éstas provocan al ser una prueba inatacable", señala en una nota de prensa.
A principio de este mismo año se produjo uno de los episodios más graves entre los recogidos en esta estadística. Un agente de la Policía Nacional resultó apuñalado en el cuello y la cara cuando acudió a un incidente de violencia de género en el barrio de Las Flores. El hombre, de 46 años, dijo que este incidente era "gaje del oficio".
Guardia Civil
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alertó del incremento de estas agresiones y reclamó el endurecimiento de las penas para los agresores, así como la mejora del material de protección para los agentes. En este punto citan los chalecos antibalas y las pistolas Taser.
Según la AUGC, estas cifras son consecuencia de la "sensación de impunidad" por parte de las personas que agreden. "Solo se les sanciona con penas irrisorias, el agresor solo paga 200 euros, es una situación insostenible y grave", dice el sindicato en un comunicado.
Los datos ofrecidos en la respuesta parlamentaria solo recogen agresiones a policías y guardias civiles. No están incluidas las fuerzas de seguridad de ámbito local.