El Ayuntamiento de Cigales denunció hace un año a organismos e instituciones pertinentes que se estaba vendiendo terreno rústico para la construcción de una urbanización, algo que en su momento ya advirtió de que era "ilegal" y que era una situación que no podía "permitir". Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el regidor del municipio, Jaime Fernández, a raíz de la información difundida hoy por la Guardia Civil y en la que se investiga a 17 personas por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo por realizar obras de construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable y a tres personas más por un delito de estafa a los anteriores.
Fernández, en la cronología de los hechos, recuerda que "hace más de un año" una de las personas que iba a comparar una parcela, ubicada en el Polígono 22 de la citada localidad, les hizo una consulta sobre la misma. "Detectamos que en esa zona no se podía construir porque era terreno rústico y que se estaba edificando una especie de urbanización", relata.
Al hacer estas comprobaciones, el Ayuntamiento dio parte a la Confederación Hidrográfica del Duero, "ya que se estaban haciendo pozos", al registro de la propiedad, a la notaría que estaba registrando esas propiedades "en terrenos donde no se podía construir" y, finalmente, al Seprona, al ver que la situación no solo no paraba sino que se "agrandaba". "Detectamos que se estaban creando incluso calles internas dentro del terreno para acceder a las parcelas", apostilla.
Fue entonces cuando la Guardia Civil comenzó a realizar las "investigaciones pertinentes" y presentó una denuncia por "delito medioambiental". "En este momento se encuentra en fase de instrucción y ahora mismo, el Ayuntamiento, aunque es afectado, ya no tiene parte, si bien estamos pendientes en todo momento del proceso porque no podemos permitir que se haga una urbanización irregular", continúa.
Jaime Fernández reconoce que es "preocupante" la situación en la que se encuentran los propietarios porque están siendo investigados por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y, además, pueden ver "cómo pierden su inversión, cuando el fraude lo han cometido otros".
"He hablado con alguno de ellos y me han transmitido que adquirieron los terrenos de buena fe a una inmobiliaria que les dice que se puede construir y hay un notario que les registra la propiedad. Ahora se ven investigados y les van a demoler, muy probablemente, las casas", finaliza.