La Fiscalía de Valladolid y la acusación particular han solicitado este jueves 17 y 18 años de cárcel, respectivamente, para el profesor laico del Colegio de los Carmelitas Descalzos San Juan de la Cruz de Medina del Campo Ángel F.H, tras considerar acreditado que en el verano de 2020 abusó sexualmente de uno de sus alumnos, de 10 años.

La entrada en vigor de la 'Ley del Sí es Sí' ha llevado a ambos acusadores a realizar las oportunas matizaciones en sus respectivos escritos, aunque ello no ha impedido a la fiscal del caso mantener su solicitud de 17 años por delitos de corrupción de menores, abuso sexuales continuados y utilización de menor para material pornográfico, mientras que en el caso del letrado de los padres del niño, que inicialmente pedía 11 años, su petición se ha elevado finalmente a un total de 18 años -incluye un delito de grooming-.

Las testificales y periciales practicadas en dicho proceso judicial, que se ha celebrado a puerta cerrada durante los últimos tres días en la Audiencia de Valladolid, son más que suficientes, en opinión de ambas acusaciones, para obtener un fallo condenatorio del tribunal, y ello a pesar de que el docente negara en la primera sesión, de forma categórica, haber cometido acción delictiva alguna sobre el alumno, que cursaba 5º de Primaria en el centro educativo medinense.

"Descuide, que se va a hacer justicia"

El propio encausado ha hecho uso de su derecho a la última palabra para reiterar este jueves su inocencia y pedir que se haga Justicia, algo a lo que, de inmediato, ha respondido el presidente del tribunal: "Descuide, que se va a hacer Justicia", según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La declaración de la presunta víctima, recogida en un vídeo de casi una hora de duración visionada por las partes en la segunda jornada, es la principal prueba de cargo esgrimida por las acusaciones para tratar de lograr un fallo condenatorio.

De hecho, el visionado de la prueba llevó al presidente de la Sección Cuarta de lo Penal a considerar "suficientemente instruido" al tribunal y a inadmitir las declaraciones de media de docena de testigos que tenía previsto presentar el letrado que representa a los padres de la supuesta víctima.

Pero a ello, las acusaciones suman, para cimentar su convicción de culpabilidad, el informe de la Brigada Informática de la Policía Judicial que, como así se ha ratificado este jueves, constata la realización de un número ingente de llamadas y videollamadas del acusado al alumno entre abril y julio de 2020.

Se han llegado a contabilizar más de 800 llamadas y más de 200 videollamadas, de ellas 55 en un solo día, el 27 de junio, a lo que se suman tres cartas halladas en su ordenador personal dirigidas al crío en un tono que las acusaciones entiende que no es acorde en una relación académica entre ambas partes.

Censuras a la actuación del colegio

Durante sus alegatos, la acusación pública y la particular, que solicitan, respectivamente, indemnizaciones de 10.000 y 45.000 euros, ha puesto en entredicho igualmente la actuación seguida por el propio centro escolar, sin un protocolo de actuación entonces y cuyos responsables han reconocido que primero pusieron los hechos en conocimiento de los padres del niño, una hora después se lo comunicaron al denunciado y la última en conocer del asunto fue la propia Fiscalía de Menores, con lo que coinciden en que el docente tuvo tiempo de eliminar pruebas.

La defensa del encausado, por su parte, ha solicitado un fallo absolutorio al considera que no existe prueba suficiente y al entender que tan solo se cuenta con la declaración del menor, que, a su juicio, contiene "graves contradicciones".